Libran la inhabilitación funcionarios de Sedetus

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Libran la inhabilitación funcionarios de Sedatus
  • Funcionarios de la Sedetus del Gobierno de Quintana Roo, encabezados por su titular Carlos Ríos Castellanos, libraron la separación e inhabilitación temporal.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Gobierno de Quintana Roo (Sedetus), encabezados por su titular Carlos Ríos Castellanos, libraron la separación e inhabilitación temporal de sus respectivos cargos a pesar de que la Secretaría de la Contraloría los encontró responsables de otorgar ilegalmente un contrato por 171 millones de pesos para favorecer a una empresa privada. 

La sentencia de un magistrado administrativo también fue favorable para un par de subsecretarios, así como del director jurídico que por más de dos años enfrentaron un proceso administrativo sancionatorio en que fueron comprometidos tanto recursos públicos como bienes del patrimonio estatal.

Por estos hechos, al titular de la Sedetus la Contraloría lo condenó a separarse del cargo por 21 días naturales y a los subsecretarios Herlinda del Socorro Poot Pech (Ordenamiento Territorial y Regularización de la Tenencia de la Tierra), y Carlos González Pacheco (Vivienda) se les inhabilitó con 14 días naturales. De los citados funcionarios sólo el último cumplió con la sanción, mientras que los restantes la impugnaron por la vía jurídica.

Otro servidor público presuntamente implicado fue el director jurídico de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Julio Abner Herrera López, a quien no sólo se le removió del puesto de manera fulminante por supuestamente ocultar el contrato objeto de la controversia, sino que fue inhabilitado por 11 meses y 20 días, pero ahora podría ser restituido con goce de salarios caídos y prestaciones por hasta casi un millón y medio de pesos. Funcionarios

El caso se remonta a la firma de un convenio de colaboración entre la Seduvi y la empresa Vertosa, S.A. de C.V. suscrito el 26 de abril de 2017, con el cual se daría cumplimiento a la resolución del amparo 1170/2014 del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cancún.

El fallo ordenó a la dependencia estatal a celebrar contratos de compraventa y dar posesión de lotes en el desarrollo “Nueva Ciudad de Isla Mujeres” a las quejosas Maribel García Trujillo y Blanca Érica Hau Ken, así como a otros beneficiarios del Fraccionamiento “Comprometido Contigo” de Akumal, municipio de Tulum.

El pretendido documento autorizó urbanizar mil 545 lotes, de los cuales mil 098 estarían en “Ciudad Mujeres” de la Zona Continental y 447 del fraccionamiento “Comprometido Contigo”, que se daría en cinco etapas con duración máxima de tres años para solucionar la demanda de vivienda popular en 2017.

El caso se peleó jurídicamente bajo el expediente principal 53/2019-SU1-I y los acumulados 54/2019-SU1-I y 58/2019-SU1-I, cuya disputa después de la sentencia se elevó a la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, en la que el magistrado Antonio Sánchez Urrutia encontró ilegalidades y actos viciados de origenque afectó el debido proceso de los acusados.

De acuerdo con esta resolución, la Contraloría fundamentó la acusación (parte sustantiva) en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, pero también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en su aspecto adjetivo).

La pifia legal consistió en que el Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Gestión Pública, Juan Carlos Zapata Villalobos, inició el procedimiento SGP/SAJ/CGRSP/DNE/0187/2017 invocando la Ley General cuando todavía no entraba en vigor (35 días antes); es decir, un ordenamiento inaplicable en aquel momento.

Igualmente fue ilegal el procedimiento por haber aplicado dos normas jurídicas incompatibles, cuya situación implicó violentar el principio de legalidad y certeza jurídica.

Según el contrato, la Secretaría aportaría 199 lotes habitacionales y a cambio se pagaría a la empresa en especie con una superficie equivalente a 63 hectáreas de terrenos en Isla Mujeres y con una superficie de 20 mil metros cuadrados en lotes comerciales en la “Nueva Ciudad Mujeres”, así como con 20 lotes comerciales con servicios de urbanización en el Fraccionamiento “Comprometido Contigo”.

Las obras acordadas eran para construir la red interna de abastecimiento de agua potable y tomas domiciliarias, alcantarillado sanitario y salidas domiciliarias, red de electrificación y alumbrado público, guarniciones, pavimento en banquetas y calles, nomenclatura, arbolado, jardinería y ornato. Incluso, para su incorporación al área urbana se pagaría hasta 15 por ciento adicional del monto total.

La entonces Seduvi cubriría la totalidad de los derechos, costos o tarifas de las constancias, licencias, autorizaciones y permisos estatales y municipales en un máximo de cinco meses, una vez que se aprobara el Plan Maestro, así como gestionaría recursos públicos o privados para la construcción de una avenida en Isla Mujeres. La Secretaría pretendía comercializar lotes urbanizados con cinco prototipos de casas o fachadas a razón de mil 371 pesos por metro cuadrado, aunque podría bonificar hasta 28 mil pesos por cada propiedad.

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