Frenan en Tribunales bloqueos bancarios

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Frenan en Tribunales bloqueos bancarios
  • Son al menos 17 casos de bloqueos de cuentas bancarias contra personas físicas y morales con residencia en Quintana Roo se mantienen en curso.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 17 casos de bloqueos de cuentas bancarias contra personas físicas y morales con residencia en Quintana Roo se mantienen en curso de resolución ante la justicia federal donde los quejosos reclaman la protección en contra de presuntas arbitrariedades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con amparos, los afectados en estos casos pretenden combatir específicamente resoluciones de estas dependencias públicas en asuntos de créditos fiscales, insolvencia de pagos, así como casos de carácter civil o administrativo.

Por ejemplo, en la lista negra fue incluido Luis Eduardo R. (expediente 26997434 del Juzgado Segundo de Distrito) a quien desde el 1 de septiembre de 2019 le intervinieron sus cuentas en el Grupo Financiero Inbursa. En el juicio le fue negada la suspensión provisional y en abril pasado también la suspensión definitiva.

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En otro asunto del Juzgado Séptimo de Distrito (26292102), el Sindicato Único de Trabajadores al S. C. I. y S impugna el congelamiento de cuentas ordenado por la UIF desde 20 de noviembre pasado. Dentro del proceso jurídico, le fue concedida a su favor la suspensión definitiva y aunque fue impugnada a través de una queja declarada sin materia por el Tercer Tribunal Colegiado, el 3 de marzo del año anterior, en un caso que sigue activo.

Incluida también en la lista, la moral G.V.P. reclamó su incorporación a la lista de personas bloqueadas y la inmovilización de cuatro cuentas (dos en BBVA, una en Santander y otra en Banorte), ejecutadas el 23 de octubre del año pasado (expediente 27222163 del Juzgado Quinto). Y el 14 de marzo pasado, a la quejosa se concedió la suspensión definitiva, lo que fue impugnado por las autoridades federales. 

Otra empresa moral (mismo juzgado, pero con expediente 27774550), combate el oficio 110/F/B/978/2021 de la UIF que ordenó el congelamiento de una cuenta bancaria el pasado 22 de marzo, pero se concedió una suspensión definitiva.

En el mismo juzgado (27222129), la empresa D. del C. impugna la falta del procedimiento para su incorporación en la lista y el aseguramiento de una cuenta en BBVA en la sucursal 0902, el 23 de octubre pasado. A la quejosa se concedió una suspensión definitiva (30 octubre 2020).

En el Juzgado Octavo (27525455), la moral G.R. combate los mismos actos de autoridad desde el pasado 5 de enero, sin que todavía se realice la audiencia incidental.

Hay también personas físicas como Yahayra N. (26780654) que en el Juzgado Quinto demandó el aseguramiento de sus operaciones y servicios en Bancomer y Banamex, con una reclamada falta de notificación y trámite de la UIF. La quejosa obtuvo una suspensión definitiva que ordenó el desbloqueo, pero se tardó siete meses en ejecutarse. Está en curso un recurso de revisión.

Geovani T.G. (26780952) impugna en el Juzgado Cuarto su integración a la lista 110/F/B/3200/2020 de la UIF, desde el 7 de agosto pasado. El quejoso obtuvo una suspensión provisional pero después se le negó la definitiva.

Hay otros casos como en el Juzgado Cuarto (25920906), donde la empresa V. A. T., representada por José M. L., reclama la orden de congelamiento de la cuenta 0105136787 de Banorte decretada por la FGR, cuya impugnación de analiza desde el 30 de septiembre de 2019.

Jesús A. A. combate también ante el Juzgado Quinto (273556462) el aseguramiento de una cuenta en Banorte por un procedimiento penal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que ordenó con el oficio UIEQRPIFAM/2296/2012. El caso se sobreseyó el pasado 24 de marzo.

A la empresa C. H. P. (caso 27677050 del Juzgado Cuarto) se le bloqueó la cuenta 0114212630 por impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y aunque obtuvo una suspensión definitiva la sentencia fue adversa a la quejosa el 25 de mayo pasado.

En el mismo Quinto (26586565), Samuel A. M.T. reclamó el bloqueo de las cuentas bancarias 00741815000192557002, 00741815000192556987, 00741815000192557037 y 00740811000198390207 por la ejecución de 32 créditos fiscales con el IMSS denunciados el 28 de febrero de 2020. Se le negó la suspensión definitiva el pasado 3 de julio.

Enrique F.B. reclama ante el Séptimo la inmovilización de cuentas en BBVA y en Santander (60572603271) ordenadas por el SAT mediante oficio 400-36-00-05-01-2020-989 el 27 de agosto de 2020. Se negó la suspensión definitiva del expediente 26925277.

En el Octavo (26826866), José Isidro S. C. fue objeto también de bloqueo en Santander por una la falta de seguridad social de sus presentados según oficio IMSSCOB/24/07/1831/2018. Se negó la suspensión definitiva el pasado 8 de diciembre.

Una empresa de transporte del aeropuerto de Cancún representada por José Miguel H. combate en el Juzgado Segundo el embargo de una cuenta por un pleito de carácter civil (27534623), desde el 19 de enero pasado. Le fue concedido liberar los recursos restantes del reclamado monto con un pago en garantía de 40 mil pesos, y en la definitiva se le intervinieron 602 mil 622.70 pesos, en marzo pasado. El caso se debate en un recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado.

Ante el mismo juzgado (27864065), la empresa O. M. representada por María T. P. impugna la intervención de las cuentas 0018203930, 0645360631 y 0689943926 de Banorte y Santander como parte de un juicio administrativo, cuya sentencia fue impugnada el 30 de marzo pasado. Al quejoso se le concedió la suspensión provisional y después la definitiva.

En el Juzgado Tercero (27944858) otro caso de origen administrativo derivó en el aseguramiento de cuentas bancarias de Carlos A. S., en las sucursales 5139 de Santander y 010 de Scotiabank el 20 de abril pasado, por impago de contribuciones de la que obtuvo una suspensión provisional.

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