- La próxima semana el Instituto Nacional Electoral iniciará la organización de la consulta popular sobre los ex presidentes, que se efectuará el 1 de agosto.
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio, la próxima semana el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará la organización de la consulta popular sobre los ex presidentes, que se efectuará el 1 de agosto.
Ello sin que el órgano electoral tenga claro de cuánto dinero dispone para la realización del ejercicio.
Este miércoles, el Consejo General aprobó una adenda a los lineamientos sobre la organización avalados el 6 de abril pasado.
En el nuevo documento se establece que en las casillas habrá hasta 2 mil 500 boletas, cuando se había determinado que el máximo eran mil 500; sin embargo, aún no se define cuántas mesas se instalarán.
También se establecieron las fechas para que los ciudadanos que quieran ser observadores se registren: del 21 de junio al 28 de julio de 2021.
La consejera Carla Humphrey planteó de nueva cuenta mantener en los lineamientos hacer uso de la votación electrónica, pero otra vez ocho de sus compañeros se negaron.
En el acuerdo del 6 abril sí se contemplaba hacer uso de la votación electrónica, pero se excluyó en los proyectos siguientes porque las áreas técnicas consideraron que no había condiciones ni de dinero, tiempo y personal.
Los batea la Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada una controversia constitucional con la que el INE reclamó al Congreso la falta de presupuesto para organizar la primera consulta popular que se hará en México, prevista para agosto, en la cual se busca determinar si el gobierno debe “esclarecer decisiones políticas del pasado”.
La Primera Sala de la Corte aprobó, por unanimidad, un proyecto del ministro Jorge Pardo que declaro infundado el reclamo del INE.
En esta controversia, el INE sólo impugnó los decretos de convocatoria a la consulta, publicados por el Congreso el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2020, que no incluyeron fondos etiquetados para este fin.
Fuentes judiciales informaron que la SCJN rechazo esta controversia, porque el Congreso no tenía obligación legal de incluir presupuesto en los decretos mencionados.
El verdadero problema, explicaron las fuentes, es el presupuesto general autorizado al INE para 2021, donde no se le asignaron fondos para la consulta.
El Instituto estimó que requería mil 499 millones de pesos para la consulta, pero bajó el monto a 890 millones, luego de reducir de 104 mil a 91 mil las casillas que se instalarán en todo el país.
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