Deportan fast track a migrantes latinos

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  • Decenas de migrantes presentan solicitudes de amparo en Quintana Roo contra actos fuera de procedimiento que los emplazan a ser deportados.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el endurecimiento de medidas contra migrantes en la frontera sur del país, juzgados federales con sede en Quintana Roo han sido frecuentados durante las últimas dos semanas por decenas de extranjeros con solicitudes de amparo contra actos fuera de procedimiento que los emplazan a ser deportados hacia sus países de origen por el Instituto Nacional de Migración (INM).  

En los ocho juzgados que forman parte del Vigésimo Séptimo Circuito de la justicia federal, la oficialía de partes acumula al menos medio centenar de juicios promovidos durante las dos últimas semanas y que en su mayoría combaten medidas administrativas que consideran violatorios de sus derechos humanos, específicamente resoluciones adversas del llamado documento Número Único de Trámite (NUT), que les ordena abandonar suelo mexicano en plazos de horas o días, aunque también se ejecutan de manera inmediata en vuelos de la misma aerolínea en que arribaron al aeropuerto internacional de Cancún.

Los migrantes retenidos provienen de diversas nacionalidades, pero abundan los latinos, quienes están siendo asistidos por representantes legales quienes recurren a los juzgados de Distrito para solicitar las medidas cautelares contra la negativa de regularización migratoria.

Durante el proceso de internación, los migrantes son detenidos, arrestados e incomunicados mediante actos que consideran fuera de juicio o que incurren en ataques a la libertad fuera del procedimiento, denunciaron. 

Hay venezolanos que pretenden regularizar su situación alegando razones humanitarias al huir de conflictos, abusos en el incumplimiento de derechos humanos o por estar su vida en peligro si permanecen en su país de origen.

Pero también otros que dicen ser desplazados y que llegan a México en busca de nuevas oportunidades económicas o laborales, incluso con el pretendido fin de reunirse con sus familiares.

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Los jueces de Distrito en Quintana Roo reciben las denuncias por detención, órdenes de arrestos administrativos e incomunicaciones con la reiterada amenaza de que los quejosos deben abandonar el país; en casi todos los casos de entrada se otorga en automático la suspensión de plano para salvaguardar la libertad, pero ya de ahí no han pasado y se les ha venido negando la suspensión provisional o definitiva. 

Aun cuando algunos de los migrantes afectados son emplazados para continuar con el juicio cuando se les niega la protección, en respuesta reciben de parte de las autoridades migratorias que los referidos ya han abandonado el país, lo que anticipa el cierre de los amparos.

Por ejemplo, Irialba del Carmen Landeta Díaz denunció ante el Juzgado Tercero de Distrito (448/2021) la orden de rechazo de la oficina migratoria del aeropuerto de Cancún, el pasado 22 de abril.

Por no reunir los requisitos de estancia regular se le devolvió a su país de origen, por lo que el amparo fue cerrado al consumarse irreparablemente los actos reclamados, una semana después de iniciar el juicio.

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A la venezolana Mireya Josefina Toyo Sierra se le negó el trámite de cambio de condición de residente temporal a definitiva, cuyo asunto también terminó anticipadamente en el amparo 7/2021 ante el Juzgado Octavo de Distrito.

Gerardo José Lugo Ramírez enfrentó también la negativa de ingresar al país a través de la Terminal II del Aeropuerto de Cancún al “contar con inconsistencias en entrevista y documentación”, además de no comprobar sus pretensiones en México y carecer de la requerida visa dada su nacionalidad. 

A las 12:03 horas del pasado 31 de mayo fue retornado a su país y también su caso fue desechado por improcedente en el Juzgado Segundo de Distrito por actos consumados de imposible reparación (638/2021).

Al chileno Pascal Javier Basoalto Beltrán, a quien le fue concedida la suspensión provisional que ordenó su libertad, al final la medida quedó sin materia y lo dejó expuesto al procedimiento administrativo número EA/1S.9/INM/ORQROO/SRFCHT/043/PASCAL JAVIER BASOALTO BELTRÁN/CHILENA/26-04-2021.

Otros extranjeros que por alguna razón soportan los trámites y los plazos legales, al final se enfrentan a sentencias desfavorables que los deja igual de vulnerables que cuando recurrieron a la pretendida protección de la justicia de la Unión.

Algunos otros que logran obtener la suspensión de plano se desisten del juicio y evitan ratificar, como Kristin Mercedes Zamora Vilches, quien primero denunció su aseguramiento, retención, detención, incomunicación, deportación y expulsión y ratificó ese mismo día el escrito, pero se desistió al siguiente a pesar de que contaba con la medida cautelar del Juzgado Tercero de Distrito (456/2021).

En la larga lista de quejosos se encuentran Miguel Rodríguez Rosario, Gerardo J. Lugo Ramírez, Carlos A. Briceño Polanco, Silvie Crete, Zorayda H. Velázquez González, Orlanier Núñez Desdin y Yedelín de la Caridad Abreu Valdés.

Además, Kevin Theodore Simon, Emerson J. Moreno Reinozo, Kristin M. Zamora Vilches, Yuradid González Rojas, Milainol Gómez Moreno, Federida Jannuzi, César Ávila, Juan G. Homer, Thomas Leo Donovan, David E. Fuster, Orlen Pérez, María Sharyna, Herielys K. Pillier, Yamirka Pavón Liero, María Sharygina, Juan G. Homez, Yorlen Pérez y Eduardo N. Ramos.

También Steven Gilles Seran, Norlen Pérez, Matías Urquía, Dhylan J. Santos, Fabián A. Moreno, Yoangel González, José R. Baranis, Miguel A. Aguado, Máximo Augusto Pinelli, Alessandro M. Vicenzo, Elizardo Fontane, Dunia López, Valeria A. Pairetti, Emilia L. Zamora, André Bobadilla, Yunia López Rabelo y José R. Acucharro.

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