- La Suprema Corte de Justicia anuló ayer los capítulos de educación indígena y educación incluyente de la reforma a la Ley General de Educación, aprobada en este sexenio.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia anuló ayer los capítulos de educación indígena y educación incluyente de la reforma a la Ley General de Educación (LGE), aprobada en este sexenio, porque el Congreso no hizo consultas previas con los grupos afectados.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte declaró la invalidez de 10 artículos de la Ley de septiembre de 2019, pero dio al Congreso de la Unión un plazo de 18 meses para que convoque a consultas con los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, periodo durante el cual las normas anuladas seguirán vigentes.
Los ministros determinaron que los foros previos a la aprobación de esta Ley, derivada a su vez de la reforma Constitucional que impulsó el actual gobierno para revertir la del sexenio pasado, no califican como una consulta que respete los parámetros que la Corte ha fijado en esta materia.
“Las actuaciones aquí referidas de ninguna manera pueden considerarse como una consulta a grupos indígenas y afromexicanos porque no se aprecia que la convocatoria a los foros y audiencias se haya dirigido a esas comunidades o, siquiera, que se haya difundido o que se les haya hecho llegar de manera alguna; y, desde luego, tampoco se aprecia su participación”, afirmó la Corte, que detectó el mismo problema en cuanto a la educación inclusiva para personas con discapacidad.
Ayer también, la Corte avaló por 8 votos contra 3 la regla por la que sólo alumnos de cuarto grado o superior pueden votar en la asamblea para elegir a los integrantes de los nuevos Comités Escolares de Administración Participativa, en los que también participan padres, directivos y maestros.
Algunos ministros consideraron discriminatorio que se hubiera excluido a los niños más pequeños de estas asambleas, lo que rechazó la mayoría.
La acción que discutió ayer la Corte fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y con ella, prácticamente ha revisado ya todas las impugnaciones a las reformas de 2019 a la LGE. Previamente, las dos Salas de la Corte negaron amparos promovidos por escuelas privadas y por la asociación civil Aprender Primero, que cuestionaron algunos aspectos de esta ley, y en los cuales se aclaró que las instalaciones de los colegios particulares no forman parte del Sistema Educativo Nacional (SEN) y por tanto el gobierno no puede disponer de ellas.
Te puede interesar: Discutirán Corte límite para aborto legal
