- La ex presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Benito Juárez, Eva Peralta Ríos, fue vinculada a proceso penal por presunto abuso de poder.
FELIPE VILLA
CANCÚN, Q. ROO.- Por incurrir en actos de presunto abuso de poder ayer fue vinculada a proceso penal la ex presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Benito Juárez, Eva Peralta Ríos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo acusó a la funcionaria que hasta ayer ostentaba el mismo cargo, pero en la isla de Cozumel, de extralimitarse en sus funciones al restituir en 2018 un inmueble en favor de un particular en el lujoso condominio Isla Dorada de Cancún.
De acuerdo con la carpeta administrativa 714/2020, la entonces servidora pública ordenó a una actuaria para que realizara una diligencia en la que se dio posesión del inmueble presuntamente ganado luego de la culminación de un juicio laboral.
Los fiscales anticorrupción establecieron que Peralta Ríos se excedió y extralimitó en sus funciones al actuar de manera dolosa, lo que ocasionó un daño a los propietarios del inmueble afectado.
Luego de exponer los hechos y debatir los argumentos de la defensa, el Juez de Control otorgó la razón jurídica a los fiscales y procedió a dictar el auto de vinculación a proceso.
A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (consistente en restricciones para viajar, multa y la prisión preventiva), el juez optó por no imponerlas ya que la imputada labora actualmente como servidora pública y está plenamente localizable, además que ha comparecido a los citatorios y audiencias realizadas.
Los cargos que enfrenta la funcionaria adscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, específicamente se refieren a que fijó fecha y hora para una diligencia laboral el 29 y 31 de octubre de 2018, a pesar de que con ello incumplió un acuerdo del día 28 del mismo mes que se lo impedía.
Eva Peralta fue la persona quien desde el mismo cargo ofreció también una disculpa pública a Rodolfo Chacón Tziu, luego de aceptar su responsabilidad de incurrir en dilación del procedimiento para el desahogo de dos pruebas ofrecidas por la parte demandada.
La entonces funcionaria de la Junta de Conciliación en Cancún pasó por alto e ignoró evidencias que pudieran evitar que la víctima fuera encarcelada durante tres años.
La vinculación a proceso está a su vez relacionada con la recomendación CDHEQROO/002/2017/II de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, cuyo cumplimiento se realizó el 8 de noviembre de 2017.
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