Pretenden regulación en seguridad privada

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Pretenden regulación en seguridad privada
  • En Quintana Roo existen alrededor de 100 compañías que ofrecen servicios de seguridad privada que también se tendrían que ajustar a una normatividad general.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 3 mil 500 empresas de seguridad privada que operan de manera clandestina en el país, así como las Policías Auxiliares y complementarias de los estados, serán reguladas mediante la Ley General de Seguridad Privada que se espera sea presentada a finales de agosto en el Congreso de la Unión, señaló el Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

El representante de dicho organismo explicó que actualmente más del 56 por ciento de empresas de este sector operan fuera de la ley y provocan pérdidas millonarias para el Estado, derivadas de la evasión de pago de impuestos y cuotas patronales

En Quintana Roo, por ejemplo, existen alrededor de 100 compañías que ofrecen servicios de seguridad privada que también se tendrían que ajustar a una normatividad general.

“Es una cifra muy variable, pero vamos a pensar que una empresa vende un servicio donde la facturación es de 100 mil pesos, pero es una factura que no está completa, porque no paga el seguro social, ni el Impuesto Sobre la Renta conforme al sueldo verdadero que tienen sus elementos de seguridad, entonces la recaudación para el gobierno es de un 38 por ciento menos”, ejemplificó el Sapién Santos.

Agregó que el impacto de las empresas apócrifas no sólo es económico, sino que tiene un “efecto cascada”, pues al no ser profesionales, incumplen con el pago de impuestos porque no son fiscalizables ni auditables, pero además, no brindan beneficios laborales a sus trabajadores, no les ofrecen la capacitación necesaria y por ende ofrecen servicios de baja calidad, indicó el especialista en temas de seguridad.

También señaló que actualmente es imposible censar cuántos elementos de seguridad trabajan en la clandestinidad, es decir que no están capacitados para operar ni cumplen con los requisitos legales para brindar sus servicios, tales como carta de antecedentes no penales y registro ante la Dirección General de Seguridad Privada federal o estatal, lo que aumenta el riesgo de que puedan aliarse con la delincuencia organizada para cometer delitos.

Recordó el caso de elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), quienes fueron confundidos con elementos de seguridad privada cuando custodiaban un cargamento de 7 millones de municiones en Guanajuato, el cual fue robado por parte de uno de los cárteles más peligrosos del país y planeado por gente que conocía el valor de la carga. En este sentido, Sapién Santos celebró que recientemente se haya facultado al Congreso de la Unión para elaborar la Ley General de Seguridad Privada, la cual incluirá entre sus principales ejes, un marco regulatorio para que los prestadores de servicios de seguridad privada queden debidamente registrados y se precisará la función de las Policías Auxiliares y complementarias de los estados.

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