NIDO DE VÍBORAS

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NIDO

POR KUKULKÁN

LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO tienen la gran oportunidad de extirpar la simiente de intereses políticos inseminados en el máximo tribunal del Poder Judicial de Quintana Roo durante el pasado gobierno de Roberto Borge Angulo y que han convertido a la justicia estatal en un instrumento de poder para proteger a los principales pillos que se dedicaron a hacer negocios privados con el patrimonio público en perjuicio de miles de ciudadanos, los quintanarroenses de a pie, que todavía padecen los estragos de ese germen ominoso.

ANTES DE QUE CONCLUYA 2021 los diputados de la XVI Legislatura deberán someter a valoración el desempeño que han tenido tres de los once magistrados del Tribunal Superior de Justicia para decidir si los ratifican, o no, en el encargo por otros seis años, a pesar de que no llegaron ahí por el mérito de una intachable carrera judicial como mandata la Constitución, sino por una imposición política para proteger intereses de grupos ligados a los dos últimos gobernadores priístas, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA lisa y llana se había mantenido incólume al interior del máximo tribunal del estado prácticamente durante las primeras tres décadas de la vida constitucional del estado, hasta que en 2011 el entonces gobernador González Canto pervirtió el círculo virtuoso que venía imponiendo como presidente a su paisano cozumeleño Fidel Villanueva Rivero, quien si bien se había desempeñado por muchos años como juez en la Isla de las Golondrinas, su mayor mérito fue haber encubierto al ahora ex mandatario en la acusación que enfrentó por el asesinato de la niña Mayra Ayuso Rodríguez. 

A PARTIR DE ENTONCES comenzó la era de la descomposición del máximo tribunal y continuó durante el mandato de Borge Angulo, quien siguiendo la misma tónica de su antecesor impuso a más de la mitad de los magistrados que todavía integran este cuerpo colegiado, entre ellos a Mariana Dávila Goerner, Adriana Cárdenas Aguilar y Carlos Lima Carvajal quienes hoy pretenden reelegirse por otro sexenio aun cuando han sido cuestionados precisamente por formar parte del paquete de impunidad que se garantizó el gobernado antes de su salida con el objetivo de que le cubrieran las espaldas ante la ola de denuncias que se veían venir en su contra por la forma abusiva de ejercer el poder.

ESTA TRÍADA DE MAGISTRADOS, que no han dejado de servir a los intereses del borgismo, ya solicitaron formalmente su “derecho” a la reelección y su permanencia dependerá de la valoración que haga el Poder Legislativo antes de que concluya su periodo, en octubre entrante. Lo que esperan integrantes del Colegio de Abogados y la mayoría de los quintanarroenses es que sus representantes populares asuman su responsabilidad de cerrarles el paso a estas lacras de la justicia para que el Ejecutivo ejerza su facultad de proponer nuevas ternas con aspirantes salidos de la carrera judicial —donde hay varios jueces que podrían ocupar dignamente esos encargos— y una vez lo anterior los diputados elijan de entre ellos a los más idóneos.

LA OPORTUNIDAD ESTÁ puesta sobre la mesa para revertir el círculo vicioso que implantó la dupla Félix-Borge en el máximo tribunal y ya será responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo revertirlo; el momento es propicio para hacerle caso a la trova cuando nos alerta: La Era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir, corriendo pues se cae el porvenir…

@Nido_DeViboras