POR KUKULKÁN
LA PROTECCIÓN de los derechos humanos de las personas por parte del Poder Judicial es un mandato constitucional que debe garantizarse plenamente sin mediar el menor asomo para la interpretación de los responsables de aplicar justicia, llámense jueces, magistrados y ministros; por eso resulta loable que el Consejo de la Judicatura en el estado haya instruido ayer una investigación en contra del juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro por dejar en libertad al israelita Daniel Levitan, presunto violador de una joven que documentó su denuncia con evaluaciones médicas y testimonios.
AUNQUE POR BIEN de la justicia hubiera sido mejor que la tardía reacción del Poder Judicial obedeciera a una motivación más genuina —no después de la presión ejercida por los medios y hasta la intervención del titular del Poder Ejecutivo estatal que reprueba este tipo atropellos—, el pronunciamiento del órgano administrativo judicial sienta un precedente en la historia estatal que los quintanarroenses de a pie esperan, de aquí en adelante, sea la regla y no la excepción, caiga quien caiga independientemente de la jerarquía que ocupen.
SI ESA FUERA la línea a seguir, el pleno del Consejo de la Judicatura debería instruir igualmente una investigación contra el magistrado Carlos Lima Carvajal por liberar a otro violador al que previamente un juez de control había vinculado a proceso (como dicta la norma) por las pruebas contundentes que había en su contra, pero eso no le importó al juzgador de segunda instancia para ponerlo en la calle después de dos meses de encarcelamiento, nada más por lo que se vislumbra como un simple acto de influyentismo político y conflicto de intereses.
EN ESTE CASO, el implicado en el delito de violación es el notario público número 19 de Cancún, Gerardo Amaro Betancourt, miembro de una arraigada familia política procreada por el distinguido ex presidente municipal de Benito Juárez, Felipe Amaro Santana, quien en su último trayecto de vida ejerció como notario, siempre poniendo ejemplo de rectitud y nunca tuvo pelos en la lengua para denunciar a los corruptos gobiernos del estado encabezados por Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, sin temor a las represalias que ello le pudieron generar.
MÁS LE VALDRÍA al Consejo de la Judicatura darse prisa y no seguir guardando silencio en este caso porque arruinaría el pequeño paso histórico dado con, la tardía pero valiosa, instrucción de investigar al juez de control Diego Emmanuel Peniche Caro; lo contrario sólo confirmaría que la justicia en Quintana Roo se aplica a los débiles, no a los jerárquicamente más poderosos de la pirámide del Poder Judicial, que es independiente del Ejecutivo estatal.
AFORTUNADAMENTE a la víctima de violación del notario Gerardo Amaro todavía le queda una llama de esperanza en la justician federal a donde acudió para solicitar amparo contra la terrible decisión del magistrado Carlos Lima y si en la resolución se confirma la responsabilidad administrativa, el Poder Judicial del estado quedaría mal parado y exhibido por proteger a un violador de los derechos humanos, quien ya presume será el próximo presidente del Tribunal de Justicia del Estado en caso de que la alcaldesa Mara Lezama se convierta en gobernadora en 2022.
