POR KUKULKÁN
TUVIERON QUE TRANSCURRIR casi 40 años de conflicto durante los cuales se pasó de las amenazas a los despojos con violencia, los juicios amañados, las desapariciones forzadas y los asesinatos a mansalva para que el Tribunal Superior Agrario resolviera que las más de 10 mil hectáreas en la zona costera de Tulum, disputadas entre ejidatarios y particulares que simultáneamente se proclamaban como legítimos propietarios, no pertenecen al Ejido José María Pino Suárez, sino que son propiedad privada.
SI BIEN LAS PARTES en conflicto no han sido oficialmente notificadas sobre el sentido de este histórico fallo, ya se puede adelantar para quiénes la noticia caerá como vinagre y para quiénes será como un bálsamo, aunque ello no devolverá ni las pérdidas humanas ni las económicas que ha dejado esta lucha jurídica a la que abonaron la corrupción gubernamental y la desmedida ambición de vendedores y compradores que sacaron provecho de terrenos que originalmente eran parte del patrimonio nacional.
EL EJIDO PINO SUÁREZ tiene una extensión de 10 mil 409 hectáreas, 73 áreas y 33 centiáreas, según el decreto firmado en 1973 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y el titular del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (posteriormente Secretaría de la Reforma Agraria, SRA), Augusto Gómez Villanueva, la cual incluye una vasta zona de costas de arenas blancas y aguas azul turquesa, rodeada por una región selvática abundante en recursos maderables, lagunas, cenotes y pantanos donde habita gran variedad de aves, cocodrilos y mamíferos.
LA SENTENCIA FUE EMITIDA el pasado 13 de julio por unanimidad de los cinco magistrados que integran el Tribunal Superior Agrario y en los hechos viene a dar certeza jurídica a quienes invirtieron recursos con la intención de desarrollar algún proyecto hotelero en este destino que a nivel mundial se publicita como ‘ecoturismo boutique’ que tanto mercado tiene entre visitantes europeos a quienes les desagradan los hoteles Gran Turismo con paquetes todo incluido que abundan tanto en Cancún como en Playa del Carmen.
AUN CON ESTA SENTENCIA del máximo tribunal en asuntos agrarios y la prometida seguridad jurídica, los abogados expertos refieren que no se puede confiar a la primera en la compra de algún terreno en este lugar que se ubica geográficamente entre la zona arqueológica de Tulum y la entrada a la reserva ecológica de Sian Ka’an, pues recomiendan que antes deben investigar bien el origen de la propiedad aun cuando sea privada porque en el pasado muchos de los que compraron, incluso con documentos, no se cercioran de que la misma propiedad fue vendida varias veces o con documentos falsos, invalidados por ejidatarios asesorados por personajes voraces con el argumento de que ellos nunca vendieron o no les pagaron.
LO QUE SÍ ES SEGURO, es que después de tantas pérdidas humanas e inversiones económicas, la justicia no alcanzará por estos hechos a los gobernadores corruptos Félix González Canto y Roberto Borge Angulo que utilizaron el poder para despojar, con el empleo de la fuerza pública o la fabricación de juicios laborales, a los legítimos propietarios de estos terrenos en disputa sólo para favorecer a sus amigos empresarios o familiares, y enriquecer sus propios bolsillos.
