NIDO DE VÍBORAS

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NIDO DE VÍBORAS

POR KUKULKÁN

LAS RAZONES QUE TUVIERON jueces y magistrados federales para juzgar con sentencias diferentes a los principales protagonistas de la tortura a la periodista Lydia Cacho, a pesar de que se trata del mismo delito, tiene que ver con algo tan simple como el que uno era funcionario público y el otro no, ya que tanto la legislación estatal como la federal en la materia establecen que tal conducta antisocial sólo puede configurarse como delito cuando existe la intervención de un servidor público como autor material, o bien, con el carácter o grado de instigador.

AUNQUE NO FUE EL ÚNICO argumento que esgrimieron los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al conceder el amparo al empresario Kamel Nacif Borge para no pisar la cárcel, en apego a esta formalidad de las legislaciones que prevén como “sujeto activo” al funcionario público que con motivo de sus atribuciones cometa el delito de tortura o al servidor público que con motivo del ejercicio de su cargo instigue, cometa o autorice a un “tercero” para cometerlo contra una persona, lo paradójico es que no se contempla alguna pena para castigar a ese “tercero” —particularmente en la ley estatal que fue la aplicada en el caso específico—.

POR ESO NO SE PODRÁ actuar contra los magistrados del cuerpo colegiado (a los que se podrá criticar de ser más legalistas que justos) precisamente porque ellos se apegaron a lo que establece expresamente la ley y no podían ir más allá de lo permitido sin incurrir, en caso de que así lo hubieran hecho, en una invasión de esferas de competencia del Poder Legislativo, el único que podría modificar el contenido y ampliar las sanciones para castigar también a esos “terceros” cuando se demuestre plenamente su participación en el delito de tortura.

EL CASO DE LYDIA CACHO debería ser un parteaguas para que los legisladores federales y estatales actúen en consecuencia para cerrarle el paso a la sistemática impunidad que aún persiste en el Estado Mexicano, ya que este tipo de lagunas sólo contribuyen a la percepción de que la justicia únicamente se aplica a los débiles y desamparados, no a los poderosos, por más que pasen gobiernos y gobiernos de los diferentes partidos políticos comprometiéndose acabar con estos lastres.

DEL ESTUDIO sobre estos tecnicismos legales, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado pasaron a analizar lo que para muchos justiciables sería la prueba reina: el audio donde se escucha un diálogo entre Kamel Nacif y el “Gober Precioso”, Mario Marín, festejar la detención de Lydia Cacho, a la que no se refieren por su nombre sino por el apelativo de “vieja cabrona”. Concretamente cuando el ex gobernador poblano le dice al empresario: Pus ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona.

A JUICIO DE LOS MAGISTRADOS con el audio no se acredita que la finalidad en la detención de la periodista era que los funcionarios públicos infligieran dolores y sufrimientos graves: De la lectura a dicha conversación, no se menciona por parte de las dos personas que participaron en la llamada, que tenían la finalidad de detener a la ofendida Lydia María Cacho Ribeiro para infligirle sufrimientos y dolores graves, y con ello castigarla por la publicación de un libro, pues nunca se menciona su nombre ni mucho menos que iban a castigar a alguien, tampoco se hace referencia a un libro o su título.

ESTE ARGUMENTO DEL TRIBUNAL es lo que ahora preocupa al equipo de defensores de la periodista porque consideran que es allanarle el camino legal al ex gobernador poblano Mario Marín, quien si bien ya perdió dos amparos en la primera instancia tiene posibilidad de revertirlos cuando su caso llegue a la segunda instancia. Y no les falta razón, pues si ya lo dijeron los magistrados que de la conversación no se desprende que estuvieran hablando de Lydia Cacho y mucho menos que se le haya torturado, entonces está más que claro que para la justicia federal ‘no hay delito qué perseguir’.

@Nido_DeViboras