POR KUKULKÁN
DESDE HACE CINCO AÑOS los poderes políticos de Quintana Roo persiguen a un fantasma: Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Roberto Borge Angulo, quien sin dar todavía la cara se defiende de siete acusaciones donde figura como presunto operador de diversos desvíos por más de tres mil 177 millones de pesos.
ANTE LA JUSTICIA FEDERAL ha solicitado más de 15 amparos —contra los intentos de su inhabilitación para desempeñar cargos públicos por parte de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal, diversas órdenes de aprehensión giradas por jueces del Poder Judicial y un juicio político aperturado en el Poder Legislativo—, que aun cuando los ha perdido casi todos siguen sin poder activarse por su resistencia a acudir físicamente para enfrentarlos.
EL MÁS RECIENTE AMPARO es precisamente contra la orden de jueces estatales y federales a dar la cara, ante lo cual argumentó su indisponibilidad por la pandemia del Covid-19 y poner condicionantes para cumplir hasta que el semáforo epidemiológico del estado esté totalmente en verde, estrategia legal que irónicamente tiene como objetivo que no se le vaya a declarar como prófugo de la justicia.
SU PETICIÓN YA LE FUE NEGADA por un juez federal de primera instancia a la cual apeló para su revisión ante un Tribunal Colegiado sólo para seguir estirando la liga de sus procesos, lo más seguro que con la intención de que se vaya más allá de que concluya el gobierno de Carlos Joaquín González, en septiembre de 2022 y la esperanza de que a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia llegue su amigo el magistrado Carlos Lima Carvajal, otros de los operadores del saqueo del ex gobernador Roberto Borge.
EN SU ESTRATEGIA LEGAL, Guillermo Molina ha solicitado amparos también contra acciones de la Fiscalía General del Estado, coordinadores y directores de dependencias estatales relacionadas con sanciones a funcionarios públicos; en un primer frente, se ha defendido a través de sus abogados para refugiarse de todo acto privativo de libertad en su contra, así como de posibles actos que constituyan el embargo de sus cuentas, sus bienes o sus propiedades.
EN UN SEGUNDO FRENTE, el presunto operador financiero de Borge se defiende para revertir el juicio político que se le inició en el Congreso del Estado, por lo cual promovió dos amparos contra la admisión del juicio político por parte de los diputados de la XV Legislatura y específicamente contra el presidente de su Gran Comisión. Uno de esos amparos le fue resuelto desfavorablemente por el Juez Sexto de Distrito, que declaró improcedente el uso de este instrumento legal para combatir decisiones procedentes de facultades exclusivas del Poder Legislativo del estado.
EN UN TERCER Y ÚLTIMO FRENTE, el ex funcionario borgista se amparó también contra posibles sanciones administrativas, como la inhabilitación para trabajar en el sector público que teme por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en específico del Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones y del Coordinador de Investigación “A” adscrito a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial. Casi todos los ha perdido, pero de poco o nada sirve eso si sigue litigando como un fantasma.
