- El Ejecutivo federal reveló que hay 579 reos federales que llevan entre 10 y 15 años presos sin sentencia, y 90 que han acumulado entre 15 y 20 años en esa misma condición.
CLAUDIA GUERRERO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas coincidieron en que el decreto anunciado por el Ejecutivo para liberar a reos de distintos perfiles, como mayores de 65 años con padecimientos crónicos, es positivo.
No obstante, manifestaron su preocupación sobre la forma en que será implementado, los mecanismos de supervisión y seguimiento, así como el alcance de la nueva política de liberación.
Fuentes consultadas indicaron que la cifra de liberaciones de la denominada “política penitenciaria” sería limitada, pues sólo beneficiaría a reos federales acusados de ilícitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.
También incorporaría candados similares a los que prevé la Ley de Amnistía, como que el recluso no sea reincidente ni haya cometido el delito haciendo uso de arma de fuego.
“Vamos a elaborar el decreto la semana próxima para presentarlo y publicarlo”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del jueves.
Detalló que el decreto, encargado a la Secretaría de Gobernación hace dos semanas, incluirá que los reos por delitos no graves que llevan presos más de 10 años sin condena, serán excarcelados.
En junio, el Ejecutivo federal reveló que hay 579 reos federales que llevan entre 10 y 15 años presos sin sentencia, y 90 que han acumulado entre 15 y 20 años en esa misma condición.
También permitiría que los mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que estén en la cárcel por delitos menores, sean liberados. Aunque continuarán sus juicios o sentencias en prisión domiciliaria. Lo mismo aplicará para los mayores de 75 años.
“En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos. ¿Cuáles son esas enfermedades? hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales” abundó.
Al respecto, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, cuestionó por ejemplo qué autoridad va a tramitar las solicitudes y quién va supervisar la prisión domiciliaria de las personas beneficiadas.
“El qué, ya lo entendimos, lo dijo el presidente; la bronca, es el cómo. A mí lo que me preocupa de un decreto así es que se lleve a cabo y más en los tiempos que el presidente ha mencionado”, manifestó.
Urgió a contemplar un mecanismo de acompañamiento integral para los posibles beneficiarios, a fin de garantizar un proceso simplificado, como prometió el presidente y ampliar el alcance del decreto. Para Martín Carlos Sánchez, director de la organización Renace, está muy bien que más internos puedan obtener su libertad; sin embargo, subrayó la necesidad de contar con programa de reinserción social que permita hacer sostenible dicha política.
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