- La reforma aprobada en abril pasado había considerado un periodo de 90 días a partir de su entrada en vigor, que se cumplen el 31 de julio y que fue insuficiente.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-El proyecto de reforma al régimen de outsourcing prevé cinco meses para ampliar el plazo de transición de las empresas y realizar los registros ante el Gobierno federal de las nuevas compañías especializadas en subcontratación.
Esta propuesta se discutirá este día en comisiones del Trabajo y Hacienda, así como en el Pleno de la Cámara de Diputados, convocada a periodo extraordinario de sesiones para atender el tema.
El proyecto pone como fechas límites el 31 de diciembre de 2021 y el primero de enero de 2022 para cumplir con los diversos trámites que los empleadores deben realizar en la regularización, plazos que propuso el PAN en el Senado y no el mes que planteó el senador de Morena, Ricardo Monreal.
La reforma aprobada en abril pasado había considerado un periodo de 90 días a partir de su entrada en vigor, que se cumplen el 31 de julio y que fue insuficiente por la cantidad de trámites que deben realizarse.
Con la ampliación del plazo, el dictamen no sólo da respiro al sector privado, sino también a las oficinas gubernamentales para absorber a los empleados que están en el régimen de subcontratación de servicios.
El proyecto indica que las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento hasta el 1 de enero de 2022, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo.
La ley en vigor precisa que en todo caso se deberán reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de la relación de trabajo.
Aquellos patrones que hubiesen solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la asignación de uno o más registros patronales por clase para realizar la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 para dar de baja dichos registros patronales y, de ser procedente, solicitar al organismo que se le otorgue un nuevo registro patronal, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán empezar a proporcionar la información sobre sus actividades hasta el 1 de enero de 2022.
La información deberá ser presentada una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponga a disposición de dichas personas el mecanismo para la obtención de su registro referencia.
“Para efectos de la Ley del Seguro Social, desde la entrada en vigor de la presente reforma y hasta el 31 de diciembre de 2021, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes”, se indica.
El proyecto menciona que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que a la fecha 2.3 millones de trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios.
En el caso del Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, registro denominado REPSE, cuyo origen fue el acuerdo publicado el 24 de mayo de 2021 emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la fecha existen 70 mil empresas que han ingresado al registro.
De ese universo, 25 mil 500 lo han concluido.
“Múltiples empresas han demostrado la voluntad de cumplir con lo dispuesto en las reformas y asimismo han expresado la necesidad de contar con un plazo mayor para cumplir con las obligaciones establecidas”, apunta el documento.
“En tal sentido, estas Comisiones Unidas, en concordancia con los trabajos que se han realizado para fortalecer la legislación para la protección de los derechos de los trabajadores, coinciden en el objetivo planteado por los senadores proponentes en el sentido de adecuar el marco jurídico conforme a las necesidades actuales del sector.
“Ello, a fin de que puedan contar con un plazo mayor que les permita concluir con los trámites que conllevan las obligaciones que se derivan de la reforma realizada, por lo que se considera adecuado realizar la ampliación de los plazos referidos hasta el 1 de enero de 2022”.
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