- De acuerdo con agremiados de la Amic en el estado el cobro de piso es un modus operandi que desde hace por lo menos tres años afecta a todos los trabajadores en una obra.
FELIPE VILLA
CANCÚN, Q. ROO.- Ni los trabajadores de la construcción se salvan del cobro de piso implementado en este destino turístico por bandas de la delincuencia organizada, tanto en obras públicas como en privadas, sin que las autoridades de seguridad pública logren ponerles un freno.
De acuerdo con agremiados de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (Amic) en el estado el cobro de piso es un modus operandi desde hace por lo menos tres años y afecta a todos los trabajadores que participan en una obra, desde arquitectos, ingenieros, maestros hasta albañiles.
La incursión a estos centros de trabajo comienza con la solicitud de empleo y, una vez dentro, los miembros de la delincuencia organizada comienzan a vender droga entre los trabajadores bajo la amenaza de causarles daño si se atreven a denunciarlos o pretender correrlos.
Cuando los patrones o maestros de obra hacen caso omiso y los echan a la calle con apoyo de los guardias de seguridad privada contratados para su resguardo, son contactados a la hora de la salida para exigirles cuotas mensuales de 500 pesos por cada trabajador o de lo contrario serán ejecutados.
En otros casos, los delincuentes buscan a los dueños de las constructoras para hacer “pactos” forzados: “tú nos dejas vender droga en las obras libremente y nosotros los dejamos trabajar”, amenaza ante la cual no pueden poner resistencia.
“Una ocasión los elementos de seguridad privada se envalentonaron y les dijeron que no se iban a dejar amenazar por nadie, al otro día un grupo de hombres armados ya los estaban esperando afuera para ejecutarlos, pero alcanzaron a huir por la parte trasera de la obra. La situación ya es insoportable”, denunció uno de los agremiados que pidió el anonimato.
Este reportero buscó al líder estatal de la Amic, José Lara, apenas designado el pasado jueves 28, para una entrevista sobre el tema y reconoció que la seguridad del personal en las obras es la principal demanda de sus agremiados.
“Lo que más preocupa a los 300 constructores es poder trabajar sin amenazas de ninguna índole y me han solicitado que busque el acercamiento con las autoridades estatales y municipales para poner en práctica una estrategia conjunta sin correr riesgos”, explicó.
Y adelantó que en los próximos días un grupo de agremiados buscarán un acercamiento con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Lucio Hernández, para plantearle la situación de riesgo en que están laborando. “Confiamos mucho en nuestras autoridades y esperamos que ellos tengan una estrategia porque hay trabajadores que de plano ya no regresan por temor a ser victimados, algunos inclusive han preferido vender tamales o comida en la calle porque son obligados a comprar droga o a pagar derecho de piso, lo cual ya nos está afectando en las inversiones”, apuntó.
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