Pierde UIF batalla legal con empresas ‘fantasma’

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Pierde UIF batalla legal con empresas fantasma
  • La UIF ha logrado asegurar únicamente tres de 11 cuentas bancarias y dos líneas de crédito en ocho bloqueos en los que existe la sospecha de que actúan como empresas fachada.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En su intento por bloquear cuentas bancarias de empresas y personas físicas “fantasma” con operaciones comerciales en Quintana Roo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ido perdiendo la batalla jurídica. 

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha logrado asegurar únicamente tres de 11 cuentas bancarias y dos líneas de crédito en ocho bloqueos en los que existe la sospecha de que actúan como empresas fachada.

La intervención de las autoridades es porque estas empresas carecen de capacidad operativa, no cuentan con personal suficiente ni con instalaciones físicas para su funcionamiento, pero en la mayoría de los casos los procedimientos han sido revertidos por amparos ante la justicia federal. 

La disputa legal se concentra en los juzgados Séptimo, Quinto, Cuarto y Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, cuyos titulares han negado medidas cautelares de un caso, pero han concedido cinco suspensiones definitivas y dos provisionales para que personas morales y físicas intervenidas continúen realizando operaciones financieras y dispongan libremente de los fondos de sus cuentas aseguradas.

A pesar de que todos los juicios de garantías se mantienen activos, la UIF combate sólo una suspensión definitiva adversa mediante un recurso de revisión que promovió en un tribunal de alzada.

En esta lista de bloqueos financieros está la empresa Transportadora y Operadora Turística Fisa, S.A. de C.V., de la que únicamente se sabe fue constituida el 1 de septiembre de 2020.

El pasado 4 de junio la UIF ordenó la inmovilización de la cuenta 11581005891 de Banca Afirme aperturada en una sucursal del municipio de Benito Juárez. 

En respuesta, la afectada promovió el juicio de amparo con número de expediente 28440579 cuya resolución se ventila en el Juzgado Séptimo de Distrito, el cual de entrada le concedió a la empresa una suspensión provisional el pasado 28 de julio.

Otro embargo de recursos, el pasado 24 de junio, fue contra GV de la Península, S. C. de R.L. de C.V. mediante el oficio 110/F/B/5960/2021 que impidió operaciones de la cuenta 0105571189 del banco BBVA.

Esta empresa opera la tortillería “El Michoacano” que tiene sucursales en el municipio de Solidaridad y en la localidad de Mahahual en la capital del estado, mismas que cuentan con un máximo de cinco trabajadores.

En su defensa, la quejosa interpuso ante el Juzgado Séptimo de Distrito el juicio de amparo 28281267, del que obtuvo la suspensión provisional que seguía sin acatarse hasta el pasado 4 de agosto.

El 4 de febrero de este mismo año, también se le bloquearon cuentas en Banorte a un contribuyente no identificado, mediante el oficio 110/F/B/978/2021.

El afectado interpuso el juicio de amparo 7774550 ante el Juzgado Quinto de Distrito el pasado 23 de marzo. Aunque el 8 de abril se le negó la suspensión provisional, el 21 de mayo la justicia federal le concedió la suspensión definitiva.

El año pasado la UIF decretó el congelamiento de la cuenta 65-50411085-3 del Banco Santander perteneciente a la moral Sienseg, S.A. de C.V., la cual solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Cuarto de Distrito el 19 de noviembre de 2020.

Como parte del juicio de amparo número 27319255 se concedió una suspensión provisional (30 de noviembre de 2020) y después la definitiva el 18 de enero de este año.

La moral investigada se dedica a vender alarmas de seguridad aun cuando su objeto social es el comercio de teléfonos y aparatos de comunicación al menudeo.

A la persona física Luis Eduardo Rodríguez Quirarte se le impidió el primero de septiembre de 2020 utilizar tres cuentas del Banco Inbursa. El bloqueo fue para todo tipo de actos, operaciones y servicios, abrir nuevas cuentas, cancelar las vigentes e impedir la disposición de efectivo, incluso en las que apareciera como autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado.

En un primer fallo del juicio de amparo (número 26997434) el Juzgado Segundo de Distrito le negó el 18 de septiembre de 2020 la suspensión provisional y posteriormente, el 16 de abril de 2021, le otorgó también la suspensión definitiva. 

La persona física Sheyla Yahayra Nicolás Rosales fue notificada de la inmovilización de sus cuentas de banco en apego al Acuerdo 74/2020 que la autoridad fiscal emitió el 29 de mayo 2020, cuya orden se ejecutó mediante el oficio 110/F/3200/2020 el 3 de julio siguiente.

La afectada interpuso el juicio de amparo 26780654 que conoció el Juzgado Quinto de Distrito, al que asignó el número de expediente 26780654, cuya primera resolución le negó la suspensión provisional (9 julio) pero después le concedió la definitiva el 21 septiembre de 2020.

Geovani Tonche Garza enfrenta también la orden de inmovilización de cuatro cuentas bancarias y dos tarjetas de crédito que le fue notificada mediante el oficio 110/F/B/3200/2020, el 4 de junio de 2020.

Las cuentas intervenidas están identificadas bajo los números 0110134716 y 11126593130 de Santander, 2560004092 de Scotiabank y 6473546012 de HSBC, además de cuentas de crédito número 5273333015827896 de Banco Inbursa y 3766 792145 74003 de American Express.

El 7 de julio de 2020, la quejosa reclamó medidas cautelares ante el Juzgado Cuarto de Distrito bajo el amparo 26780952, el cual le concedió la suspensión provisional una semana después y la definitiva el 9 de septiembre de ese mismo año. Este es el único caso en el que la UIF ha interpuesto recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado, que fue admitido a trámite el pasado 4 de abril y se espera su resolución.

Por último, el 23 octubre del año pasado, a la empresa Dejev del Caribe, S.A. de C.V. le fue intervenida una cuenta abierta en la sucursal 0902 de BBVA de Cancún.

La afectada solicitó medidas cautelares a través del amparo 27222129 ante el Juzgado Quinto de Distrito, el cual le otorgó la suspensión provisional el 30 de octubre del año pasado, y la definitiva el 29 de enero de este año.

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