NIDO DE VÍBORAS

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NIDO DE VÍBORAS

POR KUKULKÁN

EN LA LUCHA contra la corrupción y la impunidad que emprendió el gobernador Carlos Joaquín González desde hace casi cinco años en que asumió el poder, se puede especular que de los ex funcionarios hasta ahora sancionados “ni son todos los que están ni están todos los que son”, pero lo que es irrefutable es la voluntad política mostrada por su administración —como no lo hicieron las siete que le antecedieron— para emprender una estrategia frontal contra aquellos políticos que usaron el poder para enriquecerse a manos llenas y fueron partícipes en el saqueo del patrimonio público durante los dos últimos gobiernos priistas. 

SALVO EL CASO del ex mandatario Roberto Borge Angulo que continúa preso por varios delitos en su contra, tanto las decenas de ex funcionarios menores que enfrentan sus procesos en libertad condicionada como los peces gordos que no ha pisado la cárcel —y seguramente no lo harán por la influencia y el poder con que cuentan para protegerse— nos dejan una moraleja: se les acusa por corruptos, no por tontos. Cuando cometieron sus fechorías los hicieron sin dejar huellas o calculando los tiempos de la prescripción de los delitos para garantizarse impunidad a futuro.

EL CASO EMBLEMÁTICO de la corrupción estatal en ese periodo de rapiña, que empezó en 2005 y concluyó en 2016, lo es sin duda el ex gobernador Félix González Canto no tanto Borge Angulo, su sucesor quien en cinco años de mandato le cubrió bien las espaldas para que él estuviera libre, disfrutando la riqueza que amasó y todavía intentando regresar al poder a través de diversas fichas incrustadas en los diferentes partidos para no errarle, aunque su verdadero alfil del ajedrez político es la diputada federal electa Laura Fernández Piña, en alianza con Jorge Emilio González “El Niño Verde”.

ESTÁ MÁS QUE CLARO que un sexenio resultará insuficiente a Carlos Joaquín para acabar con la corrupción y poner en la cárcel a los responsables, pero se han sentado las bases y se han puesto castigos ejemplares para que no les sea tan fácil volver a saquear al estado en caso de que logren reconquistar el poder en las elecciones de 2022. Afortunadamente, la sociedad quintanarroense también ha evolucionado, está muy avispada —diría el presidente Andrés Manuel López Obrador— y cuenta con el arma de las “benditas redes sociales” para denunciar las pillerías. 

AUNQUE TODAVÍA no se puede hacer un cierre de caja de todo lo que en esta administración se ha recuperado producto de la corrupción de los gobiernos anteriores, los números no son despreciables, poco más de mil millones de pesos en dinero y bienes tan sólo del trabajo de dos dependencias estatales dirigidas por mujeres: La Fiscalía Especial en el Combate a la Corrupción, que encabeza Rosaura Villanueva Arzápalo, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuya titular es Catalina Portillo Navarro.

EN TAN SÓLO TRES AÑOS de operación, la primera ha logrado recuperar 25 bienes inmuebles con una extensión de 3 millones 981 mil 577 metros cuadrados y dos más que están en proceso de medición con un valor total de 133 millones 911 mil 587 pesos, así como 334 mil 080 pesos, producto del arrendamiento por 4 meses de 3 inmuebles en 2019 y un millón 002 mil 240 pesos en 2020, además de 181 millones 549 mil 089 pesos en efectivo. En total, 316 millones 796 mil 996 pesos.

Y EN CINCO AÑOS que lleva la administración joaquinista, la Secretaría de Trabajo ha logrado restituir a sus legítimos posesionarios y propietarios departamentos de lujo en la zona hotelera de Cancún, dos casas habitación en el municipio de Benito Juárez, cinco hoteles en el municipio de Tulum y dinero en efectivo por un valor total de 734 millones 732 mil pesos. Entre ambas mil 51 millones de pesos, cifra histórica si se toma en cuenta que antes no se actuaba ni se castigaba a los responsables.

@Nido_DeViboras