De entrada, a los extranjeros se les exigen cinco mil pesos por cada documento supuestamente expedido por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que al ser detectados como apócrifos por las autoridades consulares no sólo cancelan el trámite de los solicitantes, sino que compromete su situación migratoria y legal por presuntamente incurrir en el delito de falsificación de documentos oficiales.
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