Barren con el pasado, ponen bases de 4T

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Barren con el pasado, ponen bases de 4T
  • Con una mayoría absoluta de Morena y partidos aliados, el Gobierno federal empezó a cimentar los cambios administrativos de la 4T.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una mayoría absoluta de Morena y partidos aliados, al arrancar los trabajos de la legislatura electa en 2018, el Gobierno federal empezó a cimentar los cambios administrativos de lo que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado como un nuevo régimen: la 4T.

El entramado jurídico de la 4T empezó con la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, con el que se buscó la regulación de las remuneraciones de los funcionarios públicos, no sólo del Gobierno federal sino también de los Poderes de la Unión y de todos los entes públicos con autonomía constitucional.

La emisión de tal ley sirvió para sustentar la reducción de salarios en el Gobierno federal para que ganaran menos que el Presidente de la República y obligar a los entes autónomos a reducir sus salarios.

Una segunda reforma de importancia fueron los ajustes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para fincar la estructura del nuevo Gobierno.

En la reforma se le dio mayor peso a la función del Consejero Jurídico de la Presidencia y le dieron más atribuciones a la Oficina de la Presidencia, como definir políticas de informática y formular y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal.

Como parte de la 4T también se estableció que el titular del Poder Ejecutivo podía contar en las entidades federativas con las llamadas súper delegaciones de Programas para el Desarrollo, que tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes y programas sociales del Gobierno federal, como son las becas a jóvenes y las pensiones a adultos mayores.

Se precisó que habría una Coordinación General de Programas para el Desarrollo que quedó adscrita a la Presidencia de la República, mientras que las delegaciones dependen de la Secretaría de Bienestar. 

También se retiraron las funciones de seguridad y protección civil de la Secretaría de Gobernación y se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Desarrollo Social se le cambió el nombre por Secretaría de Bienestar. 

Otra reforma para cimentar a la 4T fue la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, para precisar en forma permanente las medidas de austeridad del gasto público federal y administración de los recursos económicos con criterios de transparencia y honradez.

Se obligó a que la ley abarcara a los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos.

Al arrancar la 64 Legislatura también se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que era uno de los puntos pendientes del Gobierno de Peña Nieto, y con el cual se reglamentó la organización, el funcionamiento y el ejercicio de atribuciones de la Fiscalía como órgano público autónomo.

Como parte de los acuerdos contraídos en el nuevo T-MEC, la 64 Legislatura hizo una importante reforma en materia laboral, sobre libertad sindical y justicia laboral.

La nueva Ley de Amnistía es otra de las ofrecidas por la 4T del Presidente López Obrador, que se aprobó a favor de las personas a las que se les haya ejercido acción penal o tengan sentencia firme, siempre y cuando no sean reincidentes respecto del delito del que están acusados.

Para la liberación de personas se consideraron los supuestos de aborto, homicidio, delitos contra la salud, por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, y que no haya implicado violencia ni ameritara pena privativa, y por sedición.

A la par de que se dieron estas reformas legales en los primeros meses de la 64 Legislatura, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se redireccionaron los recursos públicos a las prioridades presidenciales de la 4T.

Con recortes al Poder Judicial y a los órganos autónomos, Morena se estrenó en la 64 Legislatura con asignaciones por 251 mil millones de pesos a los nuevos programas sociales del Gobierno para el 2019, creciendo también para los ejercicios del 2020 y 2021.

También se inició la Legislatura con la asignación presupuestal para las tres principales obras del sexenio: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto internacional en Santa Lucía.

LEVANTAN ENTRAMADO CONSTITUCIONAL

La llamada 4T también trabajó en impulsar las reformas constitucionales del nuevo régimen.

Una de las más significativas hasta ahora ha sido el reconocimiento constitucional de la Guardia Nacional, en donde se definió que es una institución de Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación.

Se precisó que formaría parte de la Secretaría de Seguridad en la ejecución de sus funciones, y de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaría la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, prestaciones, profesionalización y capacitación.

En las negociaciones con otros partidos, se aclaró que el mando de la Guardia Nacional sería civil.

La reforma al artículo cuarto de la Constitución es otra de las reformas importantes de la 64 Legislatura, a fin de reconocer el derecho a los programas sociales del Gobierno.

Con esta modificación, se evitará que en el futuro otro Gobierno desaparezca los programas sociales de la administración de López Obrador, pues se reconoce el derecho de la población a recibir pensiones para personas de la tercera edad y discapacitados, y becas para los jóvenes.

Una de las reformas más polémicas fue la aprobada en el artículo 19 constitucional, al establecer nuevos delitos en el catálogo por los que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa.

Se agregaron los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales.

Se incluyó, además, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos y en desaparición forzada de personas.

Morena negoció y aprobó con la Oposición reformas para regular la consulta popular y la revocación de mandato, dos de las promesas históricas de López Obrador en su lucha por la Presidencia de la República.

El pleno de los diputados concretó otra de las reformas prometidas por varios años por la izquierda, la de desaparecer la mención de la partida secreta de la Constitución, porque en los hechos, en el Presupuesto de Egresos ya no existía.

La reforma de extinción de dominio generó otra controversia, pues en el artículo 22 constitucional se estableció que, por procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, será procedente actuar sobre bienes de carácter patrimonial y cuya legítima procedencia no puede acreditarse.

El pleno de Diputados sacó adelante la propuesta del Presidente López Obrador de prohibir la condonación de impuestos, con una modificación en el artículo 28.

Finalmente, una reforma que se considera histórica fue el reconocimiento en la Constitución del derecho a las mujeres a tener mayor participación política.

Para ello, es obligación de todos los órdenes de gobierno igualar posiciones para hombres y mujeres en los cargos de dirección.

DESAPARECEN POLÍTICAS DE PAN-PRI

La 64 Legislatura también se caracterizó por el esfuerzo de la mayoría de Morena en desaparecer todo aquello que haya sido heredado por los gobiernos anteriores en políticas públicas y programas sociales.

Uno de las primeras acciones de la 4T fue la disminución de recursos en el programa de Estancias Infantiles creado en la Administración de Felipe Calderón.

En 2018 tuvo 4 mil millones de pesos y para el 2019 se recortó a la mitad en el Presupuesto de Egresos, además de que se modificaron las reglas de operación, para desaparecer los centros de atención a los niños y dar solo la ayuda económica a las madres.

Los recursos de la 4T al campo fueron recortados, al igual que los asignados al Programa Prospera, porque se le dio prioridad a las pensiones a adultos mayores y a las becas para jóvenes.

Otra acción de la 4T desmantelamiento fue la contrarreforma educativa. 

Aunque se buscó un acuerdo con la Oposición en la reforma constitucional, en las leyes secundarias se desmanteló la política impuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, desapareció la evaluación obligatoria a los maestros, vinculada a su permanencia en los grupos de enseñanza, así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el ente encargado de realizar los exámenes a los mentores.

Desde el Presupuesto de Egresos se eliminaron recursos del Consejo de Promoción Turística de México y al Instituto Nacional del Emprendedor, que eran herramientas para impulsar el turismo hacia México desde otros países y para generar pequeñas y medianas empresas.

A la mitad de la Legislatura se dio otra de las reformas más polémicas, que fue la desaparición del Seguro Popular, creado en el Gobierno de Vicente Fox para financiar y garantizar la atención médica a la población sin seguridad social.

En su lugar se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se encargaría de dar gratuitamente medicinas y la atención médica a la población.

Durante el último tramo de la Legislatura, desaparecieron diversos fideicomisos con los que los gobiernos anteriores garantizaban ahorros y disponibilidad de dinero para diversos rubros, como la atención a desastres naturales, a ciencia y tecnología, apoyos al deporte y al cine, entre otros.

También controvertidas, en el último periodo ordinario de sesiones, se aprobaron las contrarreformas a la legislación energética, sin tocar la Constitución.

Primero fueron las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que desconoció el impulso en primer lugar de las energías limpias y renovables, generadas por particulares, para privilegiar la producción de electricidad por las plantas de Pemex, que generan principalmente combustóleo.  

La siguiente reforma de la 4T fue a la Ley de Hidrocarburos, también para modificar el esquema de libre competencia creado en la Administración de Peña Nieto.

Sin el apoyo de la Oposición, con dicha reforma se buscó la restricción a permisos para refinación, transporte, almacenamiento, comercialización y expendio al público de hidrocarburos.

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