POR KUKULKÁN
A QUIEN debe tener seriamente preocupado la autorización del gobierno de Panamá para que se juzgue a Roberto Borge Angulo por el presunto delito de delincuencia organizada, es al magistrado Carlos Lima Carvajal pues fue él quien desde la dirección general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio operó la compraventa de los 22 terrenos propiedad de la reserva territorial del gobierno de Quintana Roo, por los que ahora se abrirá un nuevo juicio al ex gobernador actualmente preso.
COMO se ha difundido extensamente dichos predios del patrimonio público estatal fueron rematados a familiares, amigos y colaboradores cercanos al ex gobernador —a quienes la Fiscalía General de la República considera parte de la organización delictiva— para hacer negocios privados. Y en los casos concretos de la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla así como de César Celso González Melgarejo, madre y abogado de Borge, para capitalizar empresas de la familia.
EL OFICIO que envió la Fiscalía al gobierno de Panamá dice: “En su calidad de gobernador de Quintana Roo, Borge Angulo tuvo información privilegiada al conocer el plan estatal de desarrollo, lo que le permitió identificar en dónde se harían inversiones y desarrollos inmobiliarios, turísticos y hoteleros, y de esa manera facilitar que estos predios fueran adquiridos por los integrantes de la organización quienes gozaban de su plena confianza”.
PARA ese tipo de operaciones, Borge contaba con los servicios de Lima Carvajal quien convirtió el Registro Público en un juego de turista mundial donde los inmuebles públicos y privados de su antojo (hoteles y departamentos de lujo preferentemente) eran vendidos de forma ilegal al mejor postor. Por eso es que al concluir su gestión el ex mandatario lo impuso como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de que ambos se cubrieran las espaldas en caso de que se desencadenaran juicios en su contra en el fuero estatal.
PERO la inmunidad de que goza el magistrado no le alcanza para frenar el brazo ejecutor de la justicia federal en este caso de delincuencia organizada. Por cierto, Lima Carvajal también está bajo la lupa de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por brindar protección a Florian Tudor, líder de la mafia rumana detenido por operar una banda dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, como quedó constancia en un audio que él mismo ofreció como pruebas en su favor.
EN ARAS de salvar su pellejo, el magistrado pretende convertirse en el próximo presidente del Tribunal Estatal de Justicia en enero entrante con lo que también amarraría su ratificación como magistrado una vez que concluya su periodo de seis años en agosto de 2022. Pero esta vez la suerte no está de su lado porque al interior del Poder Judicial no logra el consenso que le dé el apoyo de sus compañeros magistrados, y cada vez se ve más difícil que con los antecedentes que arrastra el Congreso del Estado lo vaya a ratificar.
NO SÓLO le faltó carrera judicial cuando fue impuesto por Borge, también su desempeño ha sido cuestionado por poner recientemente en libertad a un violador y a un narcotraficante por segunda ocasión, lo cual se ha venido sumando a su negro expediente que seguramente harán de valor los diputados a la hora de tomar la decisión si se le autoriza seguir, o no, en el encargo. Por lo pronto, sigue presumiendo a los cuatro vientos que, si Mara Lezama resulta ser la candidata a gobernadora por Morena, él se mantendrá como magistrado otros seis años ¿Será?
