- Comunidades indígenas y residentes han promovido amparos contra el Tren Maya, por falta de consultas y afectaciones ambientales.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO .- Mientras el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar ante un juzgado y un solo tribunal los amparos en contra del Tren Maya, el Gobierno federal ha cambiado la ruta en Yucatán y en Campeche.
Comunidades indígenas y residentes han promovido al menos nueve amparos contra el Tren Maya, pues alegan la falta de una consulta previa suficiente por parte del Gobierno federal, así como afectaciones ambientales.
A petición de Nacional Financiera, que es la fiduciaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia encargada del proyecto valuado en más de 170 mil millones de pesos, el pleno del CJF ordenó la concentración de los expedientes.
Desde principios de agosto, los amparos se están concentrando ante el juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo, mientras que las revisiones a sus fallos –que, en materia de suspensión, serán inapelables–, tocarán al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
La concentración de amparos busca evitar criterios contradictorios, es decir, que los órganos del Poder Judicial dicten sentencias opuestas sobre el mismo tema, y con ella, el Gobierno está apostando a que tanto el juez como los magistrados resolverán en su favor y eliminarán las suspensiones, pues si las mantienen, las obras de los tramos 2, 3 y 4 del tren podrían no terminar en este sexenio.
Los juzgados Primero y Segundo en Campeche, y Tercero y Cuarto en Mérida, han concedido suspensiones que impiden obra nueva para el tren en diversos municipios de Yucatán y Campeche, pero sí permiten mantenimiento a las vías ya existentes, lo que ha dado margen a Fonatur para ejecutar algunos trabajos.
Las suspensiones han sido impugnadas por el Gobierno, que de todos modos debe acatarlas, y ninguna suspensión definitiva ha sido confirmada por algún tribunal colegiado.
En febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Mérida confirmó una suspensión provisional otorgada por la jueza Karla Domínguez, quien prohibió obras nuevas para el tren en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, por considerar que pueden alterar de manera irreparable la tierra, bosques, flora, fauna, recursos naturales, medio ambiente, biodiversidad, agua y salud.
Mientras tanto, desde finales de agosto, Rogelio Jiménez, director del Fonatur, anunció que el tren ya no pasará por la ciudad de Campeche sino por la periferia, lo que generará un ahorro en el costo total de la obra de más 2 mil millones de pesos.
Otro cambio se suscitó en Mérida, el ferrocarril también rodeará la ciudad a fin de eficientar su tiempo de construcción, según se anunció.
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