- La Coordinación General de Programas para el Desarrollo ya aparece en el Proyecto de Presupuesto como parte de la estructura de la Presidencia de la República y con una solicitud de gasto.
CLAUDIA GUERRERO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó ante el Congreso su decisión de tomar el control sobre la operación y ejecución de los programas de Bienestar.
Por primera vez desde que inició el gobierno, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo aparece en el Proyecto de Presupuesto como parte de la estructura de la Presidencia de la República y con una solicitud de gasto.
En el documento enviado a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propone asignar apenas 1.9 millones de pesos a esa oficina para su operación.
Sin embargo, desde esa área se coordinará el manejo de unos 400 mil millones de pesos en programas sociales, 32 superdelegados, 252 directores regionales, casi 4 mil trabajadores administrativos y un ejército de 18 mil Servidores de la Nación.
“Coordina a los delegados estatales y regionales del gobierno federal. Ejecuta los programas integrales de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y estados”, refiere la página de Presidencia.
Hasta junio pasado, la Coordinación estuvo a cargo de Gabriel García, quien despachaba en Palacio Nacional.
Tras su renuncia, el presidente nombró a Carlos Torres, que ahora es coordinador y Secretario Técnico de la Presidencia.
Para esa oficina, el mandatario pidió asignar una partida 30.1 millones de pesos, es decir, un incremento de 14.7 por ciento, en comparación con este año.
En 2019, Presidencia pidió recursos para 18 unidades, que se redujeron a 17, en 2020, tras la eliminación de Órgano Interno de Control, hoy adscrito a la Secretaría de la Función Pública.
Para 2021, las unidades bajaron a 12, ya que se eliminaron del presupuesto el Estado Mayor Presidencial, la Coordinación General de Transportes Aéreos, Opinión Pública, Crónica Presidencial y el Enlace Institucional.
Para 2022, la Presidencia pasaría de 12 a 14 unidades administrativas con gasto propio.
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