Acotará Legislativo discrecionalidad de desarrolladores habitacionales

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Acotará Legislativo discrecionalidad de desarrolladores habitacionales
  • La Cámara de Diputados pretenden obligar a estados y municipios a evitar la preventa o venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones.
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con reformas a los artículos 11 y 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados pretende obligar a estados y municipios a evitar la preventa o venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones correspondientes.

La iniciativa fue presentada por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño y exige a los desarrolladores a contar con todos los trámites oficiales: licencias de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en la ley y en las leyes de las entidades federativas.

Pide la Palabra

En los considerandos de la iniciativa, se expone que la intención es evitar interpretaciones a modo, derivadas de vacíos legales que los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras pueden y han utilizado a su favor y en detrimento de los compradores y del proyecto urbano, dado que no existe una indicación expresa en la cual se les obligue a contar con todos los permisos necesarios antes de iniciar la preventa de proyectos habitacionales.

Se trata de proteger el patrimonio y los derechos de las y los compradores, así como de sus familias y otorgarles a las autoridades competentes mayores facultades para sancionar a los actores involucrados en caso de infringir la ley, sostuvo la legisladora federal de Morena. 

Si bien la ciudadanía puede verificar la credibilidad del desarrollador inmobiliario y/o de la constructora en cuestión mediante la consulta de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, también es un hecho que no todas las personas saben de la existencia de esta herramienta y, aun así, esto no representa una garante ni mucho menos una certeza jurídica, expuso.

Por ello, añadió, es necesaria la intervención de las instancias legislativas, a efecto de proteger a la ciudadanía de posibles fraudes que, en su mayoría, representan nada menos que los ahorros de sus vidas.

Además del aspecto económico, existen factores de mucho mayor peso, como son los sismos en entidades de centro y sur del País, expuso. “Hemos sido testigos de las consecuencias más trágicas que arrojan estas construcciones irregulares e ilegales, por los malos usos del suelo que, junto con la complicidad de ciertas autoridades municipales y estatales, desobedecieron los reglamentos de construcción con el fin de saciar sus propios beneficios”, denunció. La legisladora consideró que sancionar y prohibir las prácticas ilegales que se cometen en el sector constructor-inmobiliario, son la única medida “que podemos tomar para detener y revertir el avance de la injusticia social, de los daños a la economía, tanto a la nacional como a la de la propia ciudadanía, así como mitigar los impactos negativos al medio ambiente, sobre todo tratándose de asentamientos urbanos”.

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