Expande la Corte poder de tribunales

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Expande la Corte poder de tribunales

El efecto de la jurisprudencia será que juzgados y tribunales federales podrán inaplicar, en amparos directos e indirectos de su conocimiento, aun si eso no fue planteado por quien promovió la demanda.

VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia aprobó ayer la expansión más dramática del poder de los tribunales federales de la última década.

Por nueve votos contra dos, el pleno estableció que jueces y magistrados federales pueden examinar, de oficio, si las leyes que dan sustento a los actos reclamados en un juicio de amparo son inconstitucionales por violar derechos humanos.

El efecto de esta jurisprudencia será que juzgados y tribunales federales podrán inaplicar, en amparos directos e indirectos de su conocimiento, la ley que consideren inconstitucional, aun si eso no fue planteado por quien promovió la demanda. Esta inaplicación sólo tendrá efectos para las partes del juicio.

“Este es un tema que va a definir, en los sucesivo, nuestro sistema jurídico, en clave de derechos humanos”, dijo la ministra Norma Piña, autora del proyecto de sentencia para resolver una contradicción de tesis entre tribunales.

“El artículo 1 constitucional implica el deber de que los tribunales prevengan violaciones a los derechos humanos, lo que se traduce normativamente en la obligación de abstenerse de tomar cualquier decisión que implique convalidar, consentir, tolerar, transigir o, de cualquier manera, causar la violación de un derecho humano”, dice la sentencia.

La mayoría abandonó un criterio de 2015, por el cual la Corte había aclarado que este tipo de control de constitucionalidad sólo era posible sobre las normas que aplican los tribunales federales, es decir, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no sobre las demás leyes, federales y estatales, que autoridades de todos los niveles aplican en actos que después son reclamados por los ciudadanos en juicios de amparo.

Lo anterior, en contraste con los jueces locales y administrativos, a los cuales la propia Corte facultó en 2011 para controlar de oficio la constitucionalidad de las leyes de los casos que revisan.

El presidente Arturo Zaldívar afirmó que la visión tradicional de que, en un amparo, los jueces y magistrados federales sólo interpretan, pero no aplican, las leyes que rigen los casos a examen, “no resiste el argumento de la risa”.

Considero absurdo que un juez de primera instancia de un municipio apartado del país sí puede inaplicar de oficio una ley, pero un tribunal colegiado de magistrados federales, que se dedica fundamentalmente al control de constitucionalidad y es última instancia en casi todos los juicios, no puede hacerlo.

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