Reprueba Derechos Humanos a tres municipios

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Reprueba Derechos Humanos a tres municipios

La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo reprobó a los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar por la omisión de respuesta respecto a recomendaciones que les emitieron.

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) lanzó un pronunciamiento en el que reprueba a los gobiernos salientes de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar por la omisión de respuesta respecto a las recomendaciones que les emitieron.

Derivado de esto, la Comisión dio vista al Congreso del Estado de Quintana Roo para que dentro de su agenda legislativa se contemplen las comparecencias de las autoridades y presidentes municipales donde expliquen la falta de respuesta a sus recomendaciones.

Derechos Humanos emitió una recomendación en abril de este año, dirigida al presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto por violaciones al derecho humano a la integridad personal por el uso excesivo de la fuerza, cuando las autoridades responsables acudieron en respuesta a una solicitud de auxilio al domicilio de una persona para realizar el aseguramiento de un hombre que se encontraba en estado de ebriedad.

Sin embargo, en el momento que se realizó el aseguramiento, una persona salió de su casa y les pidió a los agentes que no lo golpearan. En respuesta, un agente realizó dos disparos con su arma de fuego los cuales impactaron en la persona que había salido de dicho hogar.

Al municipio de Bacalar se le expidió una recomendación por el caso en el que se encontró que un hombre, al estar en la Cárcel Pública Municipal, fue abordado por un elemento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal quien roció gas pimienta sobre el rostro del detenido.

Finalmente, en Lázaro Cárdenas se estableció la recomendación luego de que nueve ciudadanos presentarán una queja por el establecimiento de un “toque de queda”. Estas violaciones durante la pandemia han sido consideradas como graves por la Comisión de Derechos Humanos, pues atentan contra el derecho a la legalidad y al libre tránsito, así como una invasión de facultades constitucionales.

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