- Álvarez Puga y Gómez Mont son buscados por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Derivado que Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, acudió ante las autoridades para iniciar procedimientos contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, existe la posibilidad de que un amparo detenga la orden de aprehensión.
La atribución para denunciar operaciones con recursos de procedencia ilícita, corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin embargo, de acuerdo con el oficio 529-I-001/21 el pasado 17 de enero Romero Aranda señaló a Álvarez Puga y a Gómez Mont por este delito, no obstante que el Código Fiscal de la Federación no lo tiene previsto.
La querella contra Álvarez Puga y Gómez Mont fue interpuesta con el apoyo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al igual que la anterior, ingresada en agosto, no se contó con intervención de la UIF y no se brindó previo aviso.
Carlos Romero Aranda firmó en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, tras aludir que no se presentaron a laborar.
Álvarez Puga y Gómez Mont son buscados por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, tal como se observa en la causa penal 314/2021, bajo análisis del juez Iván Aarón Zeferín Hernández.
Asimismo, miembros del Foro Consultivo del Conacyt son acusados por recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades, en este mismo esquema de denuncia, por lo que se pide sean indagados por el mismo delito, así como por delincuencia organizada.
Por lo anterior y al tomar en consideración que la Fiscalía General de la República (FGR) no se contactó con personal de la UIF para perfeccionar las querellas, existe posibilidad de que un amparo detenga la orden para aprehender a Álvarez Puga, Gómez Mont y al grupo de 31 científicos, detallan expertos en el ramo penal.
Consideran que el actuar de Romero Aranda y Gertz Manero resulta violatorio de la normatividad interna que rige a la SHCP y diversos compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que otorga facultades exclusivas en materia de lavado de dinero a la UIF.
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