- 25 asociaciones socialesexigieron al Congreso seguir con el procedimiento legislativo de la propuesta ciudadana que busca hacer obligatorios 10 años de residencia en la entidad para los funcionarios.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 25 asociaciones sociales, encabezadas por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Quintana Roo, exigieron al Congreso seguir con el procedimiento legislativo de la propuesta ciudadana que busca hacer obligatorios 10 años de residencia en la entidad para los servidores públicos.
Esta propuesta, presentada el 16 de octubre de 2020, no ha sido analizada por la Comisión pertinente o puesta a consideración del Pleno, por lo que los representantes de las asociaciones han refrendado su compromiso para lograr que se lleve a cabo su proceso legislativo y pueda ser analizada de forma pública.
Para los representantes, está reforma es necesaria para lograr gobiernos que construyan un mejor futuro para la entidad, pues con el requisito de 10 años se garantiza que los gobernantes cuenten con la experiencia y conocen las necesidades del territorio y su gente.
Asimismo, acusan que con la legislación actual no se da oportunidad a los habitantes originarios de Quintana Roo de tener espacios en el servicio público, pues gente de otras entidades ocupa los puestos sin tener una conexión con el estado.
“Ya transcurrieron 25 generaciones de la carrera de derecho de la Universidad de Quintana Roo, sin que ningún egresado haya tenido la posibilidad de ser magistrado dentro del poder judicial del estado o el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que representa una deuda histórica”, declaró Jorge Herrera Aguilar, 5° regidor de Othón P. Blanco.
La propuesta busca reformar diversos artículos de la Constitución para hacer el cambio de los requisitos para servidores públicos, que actualmente exigen una residencia de 5 años en el estado, y exigir a quienes buscan ser parte del servicio público un mínimo de 10 años.
Finalmente, puntualizan que por el momento se encuentran en pláticas con diversos diputados para tratar este tema y lograr que se inicie la discusión de la iniciativa, sin embargo, cuentan con los elementos para obligar a la legislatura a darle la atención pertinente a la propuesta o, en su caso, iniciar carpetas administrativas por negligencia y dejar que la iniciativa caduque.
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