Confirma Corte veto a maíz transgénico

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Confirma Corte veto a maíz transgénico
  • Por unanimidad, SCJN confirmó orden de juez federal que, desde 2013, prohíbe al Gobierno expedir permisos comerciales para maíz transgénico.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia confirmó ayer la orden de un juez federal que, desde 2013, prohíbe al gobierno expedir permisos comerciales para maíz transgénico.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte negó un amparo promovido por las empresas Monsanto, Syngenta Agro, Dow AgroSciences y PHI México, filial de Dupont, que durante años han litigado sin éxito para tratar de revertir la “medida cautelar” dictada en julio de 2013 por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil.

La Corte confirmó la versión de esta medida que, con algunas modificaciones, fue dictada el 8 de marzo de 2016 por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil.

La medida deriva de una acción colectiva iniciada por grupos ambientalistas, que buscan que el Poder Judicial declare que la liberación de maíz genéticamente modificado daña el medio ambiente, pese a que está permitida por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Hasta ahora, el juez no ha dictado sentencia de fondo en la acción colectiva, por lo que, para fines prácticos, la medida cautelar se ha convertido en una política pública, por encima de lo previsto en la ley.

“Esta Sala estima que conforme al principio de precaución es correcta la medida, sobre todo si se considera que tratándose de un bien colectivo como el medio ambiente, no es fácil advertir los riesgos, ni los daños, ni su magnitud, ni la identidad de sus agentes causales, pues estos se producen muchas veces de manera gradual y acumulativa”, afirmó la Corte.

Lo único que está autorizado en la medida cautelar que ayer confirmó la Corte, es que el gobierno emita permisos en fases experimentales o de proyectos piloto, sujetos a múltiples medidas de contención, más no permisos para fines comerciales.

Pero si bien esos permisos eran posibles en el sexenio pasado, la actual administración los ha proscrito por completo, en un Decreto Presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020.

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