Incontrolable la impunidad en autoridades judiciales

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Incontrolable la impunidad en autoridades judiciales
  • Pese a que Quintana Roo destinó más recursos a cuestiones judiciales que el año pasado, salió reprobado en cuestiones de impunidad.
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo es de las tres entidades que se ubica en los peores niveles de impunidad a nivel nacional, con un 98.6 por ciento y, sin embargo, es de las que más presupuesto destina a las áreas de seguridad pública, a la Fiscalía estatal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y al Poder Judicial, incluso, muy por encima de la media nacional. 

En su más reciente informe, “Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, la organización México Evalúa indicó que en 2020 la incidencia nacional media de la impunidad se ubicó en 94.8 por ciento, mientras que en 2019 fue de 92.2 por ciento. 

El caso es que Quintana Roo destinó en 2020 más recursos a cuestiones judiciales que en 2019 y salió reprobado en reducción de la impunidad.

En cuanto al presupuesto institucional en una tasa de 100 mil habitantes, a seguridad pública a nivel nacional se le destinaron 69 millones 075 mil 018 pesos, mientras que Quintana Roo destinó 93 millones 247 mil 308 pesos; para las fiscalías estatales la media nacional fue de 38 millones 168 mil 399 pesos, mientras que a la del estado se le autorizaron 53 millones 463 mil 994 pesos.

La CEAV a nivel nacional tuvo un promedio de 1 millón 007 mil 681 pesos y en Quintana Roo fue de 1 millón 586 mil 144 pesos; y en el caso del Poder Judicial a nivel estatal obtuvo 38 millones 007 mil 841 pesos, en tanto que la media nacional fue de 29 millones 082 mil 884 pesos.

El único rubro en el que Quintana Roo destinó menos recursos a diferencia de la media nacional fue en la Defensoría que tuvo 92 mil 260 pesos contra los 3 millones 169 mil 636 pesos en que se tasó este indicador. 

En la revisión de cada rubro, el estado tuvo una variación ascendente entre 2019 y 2020, por ejemplo, en 2020 la Secretaría de Seguridad recibió 11 por ciento más que en 2019; para la Fiscalía General del Estado hubo 6.74 por ciento más; la CEAV fue la que más aumentó su presupuesto, 33 por ciento más en un año; y en cuanto al Poder Judicial hubo 0.49 por ciento más. En general para el sector se incrementó un 7.77 por ciento. 

Si bien el estado no está entre los que disminuyó más el presupuesto de un año a otro, sí está entre los que menos aumentó el presupuesto; por ejemplo, para la Fiscalía Estatal, Hidalgo fue el estado que más aumentó el gasto en este rubro con un 119.72 por ciento más; y Baja California con un 104.15 por ciento más.

La organización concluyó que los altos niveles de impunidad “significa que el sistema no logró ofrecer una respuesta satisfactoria a un mayor número de los casos. El cálculo se refiere a la ‘impunidad directa’, entendida como la capacidad de responder de forma efectiva a los hechos delictivos que son conocidos y procesados por las autoridades”.

Expuso que “el cálculo se plantea bajo la lógica del sistema acusatorio, por lo que acepta como respuestas satisfactorias no sólo las sentencias, sino también otras posibles salidas previstas por el Sistema de Justicia Penal (salidas alternas y anticipadas). Asimismo, se excluyen del universo a analizar o se desestiman los casos cuya resolución no es atribuible al sistema de justicia, por no constituir hechos delictivos o por no ser competencia de la autoridad”. 

Quintana Roo ocupa el lugar 28 de los 32 estados en torno a la consolidación del Sistema de Justicia Penal (SJP), es decir que está entre los últimos estados en el avance de esta incorporación. 

México Evalúa expuso un estándar ideal de 1,100 puntos, de los que las entidades debieron alcanzar 500 en 2016; en 2017, 600; en 2018 los estados debieron lograr 800; en 2019, 900 y en 2020 los mil puntos. Quintana Roo hasta el año pasado apenas alcanzó 323 puntos, es decir que no alcanza ni el mínimo puntaje que se establece se debió lograr desde 2015. 

“La consolidación del SJP requiere que cada sistema cuente con las condiciones necesarias para su adecuada operación. Es decir, el sistema opera transversalmente, a lo largo de diversas instituciones, montado en un proceso continuo de ajuste y calibración. Por ello, es indispensable un constante esfuerzo de fortalecimiento de las condicionantes de la operación para lograr la adecuada consolidación del sistema”, expuso la organización. 

En el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, en 2020 “se abre aún más la brecha entre los estados que proveen los mejores condicionantes de operación —lo que refleja un mayor entendimiento de la naturaleza sistémica y de política pública de la justicia procesal penal— y los estados que no terminan de construir los factores que facilitan la operación del sistema”. 

En 2018 la diferencia entre el estado con mayor puntaje y el de menor puntaje en el Ranking era de 296 por ciento; para 2020 esta diferencia es de 350 por ciento. 

El estudio también se basa en valorar la calidad de las respuestas federales, entre las que destacan de forma positiva las de la Defensoría Pública Federal y la de los servicios periciales, es decir la FGR, que en el caso de Quintana Roo logran un 73 por ciento de respuesta, aunque aún se ubica por debajo de la media nacional que está en 78 por ciento.  

En este punto la organización observó “un buen uso de las tecnologías de información, condición para entregar respuestas de sencilla navegación y consulta, con enlaces a documentos públicos y firmas oficiales en formato digital. Prácticamente todos los rubros solicitados quedan respondidos; se entregan cifras y datos útiles para conocer el estado que guarda la institución”; y sin embargo, Quintana Roo representa uno de los estados con más alto nivel de impunidad. 

La agrupación concluyó que un elemento que puede ser motivo de destino de presupuesto e impunidad es la falta de planeación “como ejercicio necesario para proyectar resultados y administrar los recursos es una condicionante ‘dispareja’ en el país. Esta falta de consistencia al momento de planear tiene un resultado: la discordancia entre la asignación de presupuestos, la definición de metas y la identificación de prioridades”.

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