Adjudicaron municipios sin licitar 1.5 mil mdp

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Adjudicaron municipios sin licitar 1.5 mil mdp
  • Laura Beristain que pretendió reelegirse, sin éxito, otorgó 263 documentos por un monto económico de mil 170 mdp, de octubre de 2018 a junio del presente año.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los gobiernos municipales de Quintana Roo que recién concluyeron su gestión prefirieron la ‘adjudicación directa’ para contratar obras o adquirir bienes y servicios, a través de 722 contratos que sumaron más de mil 500 millones de pesos (mdp), en los últimos tres años.

Al margen de la prohibición dictada por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de evitar las prácticas que promueven la corrupción, el dispendio y la frivolidad, las asignaciones discrecionales de recursos para obras o servicios, se dieron por igual entre los alcaldes de los diferentes partidos políticos.

En la Política y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece que los gobiernos deben monitorear en línea y en tiempo real el dinero para las adquisiciones, y el que gaste debe realizar previamente verificaciones obligatorias de los precios de mercado al momento de realizar compras o contratar servicios. 

A pesar de estos planteamientos de la Cuarta Transformación para erradicar la corrupción en el sector público, entre las salientes administraciones municipales de Quintana Roo fueron letra muerta.

El gobierno de Solidaridad, por ejemplo, que encabezó la actual concejal Laura Beristain Navarrete (bajo la bandera de la 4T), entregó la mayor cantidad de contratos y de recursos al amparo de este esquema discrecional de ‘adjudicación directa”, sin poner a competir a proveedores o prestadores de servicios.

La ex alcaldesa morenista que pretendió reelegirse, sin éxito, otorgó 263 documentos por un monto económico de mil 170 mdp (tres veces más que el total de los restantes municipios), de octubre de 2018 a junio del presente año.

En esa misma política que favorece a proveedores consentidos, el exalcalde panista de Tulum, Víctor Mas Tah, autorizó 104 contratos por 126.7 mdp, de los cuales más de la mitad (58 con 68 mdp) firmó en el primer año de su trienio que concluyó el último día de septiembre.

El cozumeleño Pedro Joaquín Delbouis, del PRI, pactó 114 contratos por 71.6 mdp, de los cuales la mayor cantidad ocurrió en 2019, con 49 acuerdos por 25.5 mdp, y otros 22 con un gasto de 29.5 mdp al año siguiente.

En el municipio de Benito Juárez (Cancún), la presidenta con ropaje de la 4T, Mara Lezama, autorizó 48 convenios por 69.8 mdp, de los cuales 30 por 11.9 mdp fueron otorgados en 2018, otros nueve al año siguiente por 31.7 mdp, dos el año pasado por 7 mdp y los restantes siete por 19.1 mdp hasta el segundo semestre del presente año.

En Felipe Carrillo Puerto con José Esquivel Vargas (quien pasó la estafeta de gobierno con 19 cuentas bancarias congeladas por créditos fiscales), dio 61 contratos por 67.9 mdp, la mayor cantidad (25 por 29.7 millones de pesos) en 2019.

En Bacalar con el aliancista Alexander Zetina sumaron 29 acuerdos de voluntades por 43 millones de pesos, de los que 23 con 40 millones de pesos se suscribieron en 2019.

En Puerto Morelos bajo la dirección de la actual legisladora federal verdecologista, Laura Fernández Piña, fueron 59 contratos por 15.7 mdp, de los que 36 por 11.5 mdp se suscribieron en 2019.

En Othón P. Blanco bajo la administración del morenista Otoniel Segovia hubo 36 contratos con esa misma modalidad por 14.5 mdp, de los cuales 24 fueron por 10.2 mdp se firmaron igualmente el año antepasado.

En José María Morelos donde gobernó la panista Sofía Alcocer hubo cinco contratos discrecionales por un monto total de 1.7 millones de pesos, de los cuales tres por 1.1 millones de pesos se otorgaron en el primer trimestre de gobierno.

El panista Nivardo Mena que trató de reelegirse sin éxito en Lázaro Cárdenas concedió tres contratos por 724 mil pesos mismos que otorgó íntegramente en 2019.

Del exalcalde priista de Isla Mujeres, Juan Carrillo, se desconoce la cantidad y el monto entregado debido a que incumplió con su obligación de transparentar la información como lo impone el artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

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