- Laura Fernández Piña se separó por licencia del municipio que gobernó durante casi cinco años, lo hizo en medio de derrotas judiciales a cuestas.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Cuando la alcaldesa de Puerto Morelos, actual diputada federal por el Partido Verde Ecologista, Laura Fernández Piña se separó por licencia del municipio que gobernó durante casi cinco años, lo hizo en medio de derrotas judiciales a cuestas.
Fueron los laudos de jueces federales los que pusieron remedio a los irregulares cobros e imposiciones de derechos, así como sanciones administrativas ejecutadas durante el gobierno de Laura Fernández Piña al margen de los procedimientos administrativos, lo que inclusive derivó en el inicio de un proceso de destitución del cargo por “desacato contumaz” de la orden del juez —inejecución de sentencia, sancionado con la destitución—.
Ese procedimiento estaba por cumplirse en marzo pasado, por la falta de pagó de una multa impuesta al ayuntamiento encabezado entonces por Fernández Piña, pero se atravesó el calendario electoral y ella solicitó licencia para contender por la diputación federal que hoy ostenta bajo las siglas del Partido Verde Ecologista.
El asunto por el cual se abrió proceso de destitución del cargo se originó a partir de un fallo protector del Juzgado Séptimo de Distrito, que obligó a la comuna y a la encargada del despacho, Ana Luisa Betancourt, a restituir casi 700 mil pesos por el indebido cobro de seis anuencias de protección civil e igual cantidad de multas decretadas a una empresa privada.
La moral Matc Digital, S. de R.L. de C.V emprendió una batalla en tribunales durante dos años para combatir el ilegal acto administrativo que la condenó a pagar derechos establecidos en la Ley Municipal de Hacienda por un monto de 460 mil 429 pesos con 20 centavos, pero también otros 212 mil 51 pesos por concepto de multas, actualizaciones y recargos relacionados todos con permisos de seis antenas de transmisión.
Como parte del proceso jurídico, el juzgador constató que las anteriores autoridades portomorelenses, a través de la Tesorería, generaron documentación que incurrió en “vicios en las órdenes de pago”, que las hizo carecer de toda validez.
Los actos reclamados por la moral afectada fueron en específico, el cobro de seis vistos buenos por 43 mil 738 pesos con 20 centavos cada uno, por supuestos pagos pendientes de 2016, 2017 y 2018, cuyos adeudos le fueron notificados mediante los oficios CMPC/OP-1100/2018, CMPC/OP-1094/2018, CMPC/OP-1097/2018, CMPC/OP-1112/2018, CMPC/OP-1104/2018 y CMPC/OP-115/2018.
Adicionalmente, la imposición de seis sanciones por 33 mil pesos cada una, ejecutadas por carecer de la anuencia vigente de Protección Civil, que se justificó con los oficios CMPC/OP/1101/2018, CMPC/OP-1120/2018, CMPC/OP-1123/2018, CMPC/OP-1126/2018, CMPC/OP-1108/2018 y CMPC/OP-116/2018.
Del análisis jurídico se desprendió un fallo condenatorio al municipio mismo que le ordenó, a través de la Tesorería, dejar sin validez los recibos oficiales de cobro con folio J-14050, J-14047, J-14055, J-14048, J-14051, J-14052 (anuencias) y J-14046, J-14053, J-14054, J-14043, J-14045 y J-14044 (multas).
Para que se diera cumplimiento al laudo, el entonces tesorero municipal expidió el oficio MPM/TM/8277/IX/2020 (21 septiembre 2020) mediante el cual instruyó al director de Ingresos Coordinados a devolver las cantidades indicadas en la docena de oficios, a las que todavía debió sumar “los recargos e intereses generados”.
La orden de restitución económica se hizo extensiva a la entonces presidenta municipal Laura Fernández, en su calidad de superior jerárquica del área de finanzas, bajo el aparecimiento de que ante su incumplimiento se le impondría una sanción de ocho mil 688 pesos, equivalente al costo unitario de 86.88 pesos en ese momento.
Además, se le advirtió que de incumplir “se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”. Se le impuso como plazo de cumplimiento a pagar la multa antes de concluir el primer trimestre de 2021, lo que coincidió con la salida de la ahora ex munícipe.
Otros casos legales en los que igualmente se impugnaron cobros indebidos fueron promovidos por Promotora Rancho San Miguel, S.A. de C.V. ante el cobro ilegal de 304 mil 151 pesos de cuatro facturas por 78 mil 974 pesos, 79 mil 481 pesos, 74 mil 774 pesos y 70 mil 922 pesos por el derecho de alumbrado público.
Los reclamos se analizaron en los juzgados Tercero, Séptimo y Quinto de Distrito (amparos 519/2020, 107/2020, 1649/2019 y 1378/2019), cuyas sentencias definitivas fueron favorables a la quejosa.
Igualmente ocurrió con la Comercializadora de Inmobiliaria Muyal S. de R.L. de C.V. que demandó la restitución de 170 mil 462 pesos y la moral Jacktar, S.A. de C.V. que impugnó un par de pagos indebidos por 227 mil 173 pesos (divididos en un par de facturas: 117 mil 148 y 110 mil 25 pesos) con laudos condenatorios al municipio de en los juzgados Segundo (495/2018) y Séptimo (1080/2019 y 772/2019), respectivamente.
Pero a Laura Fernández ya no va a responder por estos juicios, le pasó la estafeta a la actual alcaldesa Blanca Merari Tziu, quien enfrentó la primera quincena de su administración apeló a la política de austeridad, pagando sólo la mitad de salario a gran parte de la nómina de más de mil 200 trabajadores, donde recientemente se descubrió una lista de al menos 400 ‘aviadores’.
Te puede interesar: Tarda 18 años sentencia a Succar Kuri; le dan 93 años
