NIDO DE VÍBORAS

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NIDO-MOVILIDAD-P

POR KUKULKÁN

LA INEXPERIENCIA y cuestionada legitimidad de que gozan la mayoría de los diputados que integran el Congreso del Estado de Quintana Roo han hecho evidente sus deficiencias e intereses personales —más en unos casos que en otros— a la hora de ejercer su facultad de presentar iniciativas de ley que supuestamente deben ser para beneficio de la población, aunque en muchos casos se hace para beneficio personal o de grupo, en abierto y descarado conflicto de intereses.

EL EJEMPLO es la diputada morenista Erika Guadalupe Castillo Acosta, hija del líder del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo en el municipio de Benito Juárez, Cancún, impulsora de la ley que impidió la operación del sistema de transporte digital Uber, obviamente porque afectaba al negocio que encabeza su padre. O sea, “la Iglesia en manos de Lutero”. 

DIGAMOS que está justificada su intervención porque la legisladora es la presidenta de la Comisión de Vialidad del Congreso; lo cuestionable es si precisamente, por sus orígenes políticos, no debió excusarse para este caso concreto en el que personalmente la diputada tiene intereses de defender un gremio que históricamente ha venido prestando un servicio de transporte público deficiente, queja recurrente de visitantes nacionales y público local, y que actualmente es dirigido por su señor padre.

LA ÚLTIMA puntada de la diputada fue el anuncio sobre la presentación de una iniciativa de Ley para regular los estacionamientos públicos (como si no hubiera otros temas de mayor relevancia para el estado), pero bueno se le otorga el beneficio de la duda a esta ocurrencia legislativa, pero en el camino resulta que la mayoría de los once municipios ya cuentan con su propio reglamento sobre establecimientos de guarda de vehículos, por lo que la propuesta de nueva norma estatal resulta ociosa.

SOBRE todo cuando no se trata de una iniciativa de ley integral, que concilie los intereses de los diferentes actores económicos en torno a este negocio, sino que parte de la falsa premisa de que los malos de la película, los que de acuerdo con la iniciativa de ley se benefician de las utilidades económicas, pero se deslindan de los daños a los automóviles, son los propietarios de los estacionamientos, a ellos y nadie más que a ellos va dirigida esta ley que los responsabiliza de los daños que sufran los vehículos durante la guarda.

AUNQUE los estacionamientos públicos son un tema que tiene que ver más con la Comisión de Movilidad, esta ocasión la diputada Castillo Acosta prefirió que diera la cara su compañero Manuel Jesús Tzab Castro, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, quien en la exposición de motivos es directo y señala que los puntos “trascendentales” de la iniciativa: establecer con claridad las competencias de las autoridades municipales en el servicio de estacionamientos públicos y que los dueños de los establecimientos de guarda de vehículos garanticen a sus clientes seguridad en su bien mueble. 

SUENA formidable para todo automovilista, pero la iniciativa pretende prácticamente cargarle el muertito de la falta de seguridad pública a los dueños de estacionamientos públicos. Habría que informarle a la diputada Castillo Acosta que si algo se requieren en las principales ciudades de Quintana Roo son estacionamientos públicos; de acuerdo información oficial el parque vehicular del estado suma 420 mil automóviles y los cálculos del Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, es que tan sólo en la Zona Hotelera de Cancún, hay una demanda de al menos 25 estacionamientos públicos con capacidad para 150 vehículos cada uno ¿Cómo para qué espantar a los potenciales inversionistas?

@Nido_DeViboras