POR KUKULKÁN
¡SORPRESIVAMENTE!, los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del estado de Quintana Roo suspendieron las comparecencias de las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner, a quienes ya les gustó el poder de la espada justiciera después de seis años de saborearlo y buscan reelegirse otros seis años, aunque en sus respectivos expedientes sobre desempeño cuentan con más negativos que positivos, tanto en la aplicación de la técnica jurídica como en el deber ser del juzgador. “El buen juez, por su casa empieza”.
FIEL a este postulado, la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar empezó hacer justicia desde su casa… pero protegiendo a su marido, el abogado José Julio Asencio Reynoso, en los juicios que enfrenta por despojo de un terreno costero en la Riviera Maya, propiedad del extranjero Christian Fautsch Charpentier, para lo cual el denunciado falsificó la firma del verdadero dueño estando ausente del país y con ayuda de toda una “red de corrupción” que opera desde el Poder Judicial del estado, en la cual participa la jurista, según la denuncia en su contra.
LO QUE prendió la alerta roja en los integrantes de la Comisión de Justicia de la LVI Legislatura fue la supuesta denuncia que existe en contra de la titular de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional, por lavado de dinero ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), versión que los legisladores deberán investigar a fondo porque en el hipotético caso de ser ciertas las acusaciones, la magistrada estaría en verdaderos aprietos y, por lo pronto, impedida para ser ratificada.
EL EQUIPO de la diputada Cristina Torres Gómez, la especialista en los temas jurídicos, puso manos a la obra y desde ayer comenzaron a solicitar oficial y extraoficialmente información de diferentes autoridades federales y estatales para confirmar datos que pudieran ayudar a definir si se les concede, o no, a las magistradas su ratificación, a la que ambas tienen derecho, siempre y cuando su actuación no esté manchada por actos de corrupción.
LO QUE se valora en un proceso de ratificación de magistrados es si su desempeño cumplió con todos y cada uno de los principios que rigen la actuación de un juzgador: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia. La ratificación tiene como finalidad fortalecer la independencia, profesionalización y estabilidad laboral de los jueces.
CON ESTE proceso de ratificación de las magistradas continúa la renovación del pleno del Tribunal Superior de Justicia, que empezó en agosto pasado con el retiro forzoso del magistrado Fidel Villanueva Rivero —no quería ni se quiere ir— y que concluirá en los albores de 2022 cuando también se retire el magistrado Antonio León Ruiz para que el máximo órgano colegiado proceda a estrenar presidente. Casi de un jalón, cuatro de los once magistrados dejarán de formar parte del pleno, y el Gobierno del Estado deberá proponer las ternas de las y los aspirantes a ocupar estos cargos para que el legislativo decida los idóneos, teóricamente.
A LA SALIDA del magistrado Antonio León Ruiz, el pleno estará comandado por un presidente interino, cargo que nadie quiere por ser temporal, que se encargará de organizar el proceso para elegir al nuevo presidente, posición que se disputan los siete magistrados restantes, algunos formados en la escuela judicial durante años como Mario Aguilar Laguardia, con experiencia, capacidad y que promete dar la batalla por ocupar la silla principal del Poder Judicial del estado.
