NIDO DE VÍBORAS

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NIDO-ALCALDÍAS-P

POR KUKULKÁN

SALVO Cozumel y Solidaridad, los otros nueve municipios de Quintana Roo están técnicamente quebrados por deudas y cargas fiscales que encontraron a su llegada las nuevas autoridades; por ejemplo, la compleja situación financiera del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, que no puede disponer de su alrededor de 30 cuentas bancarias porque le fueron congeladas, los ha obligado a manejar la recaudación en efectivo diaria a través de cheques de depósito en caja para poder disponer de él sin riesgo de que se lo quite la Hacienda federal. 

DE PICARDÍA mexicana, estilo San Pedro de los Saguaros de la Ley de Herodes, resultó también el adeudo que se encontró la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu de casi 80 millones de pesos por falta de pago de las cuotas de los más de mil 200 trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como los pagos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por casi 40 millones de pesos en total, que les fueron descontadas a los empleados cada quincena, pero no fueron enteradas por el ayuntamiento encabezado por la también verde ecologista Laura Fernández Piña, actual diputada federal. 

LOS CASOS de Solidaridad y Cozumel fueron la excepción gracias a los pagos de derechos e impuestos cautivos que aportan tanto visitantes extranjeros como empresas turísticas, entre ellos el cobro fijo del Derecho al Alumbrado Público (DAP), el Impuesto al hospedaje de 3 por ciento que debe pagar mensualmente el sector hotelero por concepto de ingresos obtenidos por servicios hospedaje, así como el ahora Visitax que impone el pago de 224 pesos mexicanos o su equivalente en dólares a los visitantes extranjeros quienes deben mostrar su comprobante para poder salir hacia sus destinos de origen.

LOS RECURSOS generados por todos estos impuestos y derechos son los que fortalecen las finanzas de ambos municipios en proceso de recuperación económica después del confinamiento por el Covid-19, sobre todo Cozumel cuya población vive del turismo de cruceros, industria que estuvo fuera de circulación durante meses, aunque ya volvieron para reactivar la economía local con cuatro hoteles flotantes por día en promedio, con más de 12 mil visitantes. Ahí está la fortaleza de las finanzas de estos municipios del norte del estado de Quintana Roo donde se queda la mayor derrama económica del turismo.  

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FINALMENTE, el Congreso de Quintana Roo no quiso hacer más olas en el caso de las denuncias por supuestos actos de corrupción y, sin comparecencias de por medio, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado ratificó a hurtadillas por otros seis años a las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner y ya por la tarde de este mismo jueves 28 de octubre el pleno de los diputados tenía programada la aprobación de las propuestas.

LA DECISIÓN sorprendió a propios y extraños luego de que este miércoles fue suspendida la comparecencia de ambas magistradas bajo la supuesta preocupación por las denuncias que llegaron en contra de una de ellas en un asunto de fraude por el que se vio beneficiado su marido. Después del hermetismo que guardaron, los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron en privado el dictamen de ratificación.

@Nido_DeViboras