- La recolección de 25 toneladas de basura diarias que se generan en Holbox sigue representando un serio problema para la alcaldía y un gasto de entre 12 y 15 millones de pesos anuales.
MARCO ANTONIO BARRERA
LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- La justicia federal dio luz verde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para proceder con la investigación propuesta por el Congreso del Estado con el fin de aclarar el presunto daño ecológico irreversible causado por sepultar basura en la Isla Holbox, Quintana Roo.
Fue una sentencia de un juicio de amparo que negó en definitiva las medidas cautelares solicitadas por el ahora ex alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, quien al frente de la comuna se negó a explicar la forma en que desaparecieron 70 mil toneladas de residuos sólidos que permanecían apiladas a cielo abierto sobre un terreno con superficie de 40 mil metros cuadrados.
La negativa a la solicitud de medidas cautelares fue interpuesta por la entonces síndico Rosario Leticia Dzib Mazum, con el propósito de impedir que se hicieran pruebas periciales y análisis del subsuelo para constatar si los desechos sólidos fueron cubiertos con arena de terrenos contiguos, y que durante el proceso se devastó manglar en peligro de extinción.
De confirmarse las sospechas que externaron los diputados al aprobar el Punto de Acuerdo, se estaría ante graves implicaciones ambientales por el daño que se habría ocasionado a la sustentabilidad de la isla, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Yum Balam.
En el territorio de Holbox predominan suelos poco profundos de rendzina generados por rocas calizas cuyo espesor no tiene más de 20 centímetros, lo que lo expone a un escurrimiento al subsuelo con el riesgo de contaminar el colindante Mar Caribe.
El anterior munícipe pretendió mediante el juicio de amparo 27920660 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Quintana Roo, dar carpetazo a la solicitada indagatoria legislativa y al mismo tiempo evitar la clausura definitiva del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, a pesar de que se permitió su operación hasta cumplir 21 años.
El fallo definitivo del juzgado que sobreseyó el pretendido amparo no fue impugnado con ningún recurso legal por lo que causó ejecutoria el pasado jueves, luego de un análisis jurídico que tardó en resolverse seis meses y una semana, respecto a que si debía o no ser comprobado el presunto saneamiento del sitio.
Fue el ex presidente municipal Mena Villanueva quien presumió en sus redes sociales la limpieza del sitio el pasado 14 de diciembre, al señalar (en aquel momento) que “la isla de mis ensueños, las que nos vio nacer” estaba rebasada por el turismo pero que ya “se quitó por completo el basurero público, con poco se hizo mucho”. Sin embargo, en ningún momento mencionó el método empleado para la supuesta remoción ni el destino de los desechos acumulados.
El Punto de Acuerdo fue propuesto por Edgar Gasca Pliego mismo que se aprobó el 30 de marzo de 2020, con el cual se exhortó a la Semarnat y a la Profepa a esclarecer el lugar donde fueron supuestamente llevados los residuos sólidos.
Igualmente, solicitó a las dependencias del gobierno de la República para que se ejecutara una orden de visita acompañada de una posterior clausura al mencionado Centro de Transferencia.
El documento resaltó la importancia de profundizar la investigación a la mayor brevedad para evitar más daños ecológicos, ya que se podría acabar con unas de las zonas más importantes para el avistamiento de aves protegidas. Dada la premura del caso, el exhorto fue aprobado por 14 votos a favor y siete en contra durante la XIV Sesión Extraordinaria.
Del fallo judicial, el titular del juzgado notificó a las actuales autoridades municipales encabezadas por el alcalde Emir Bellos Tun, el sentido de la ejecutoria para después archivarse el asunto como totalmente concluido, el pasado jueves.
La recolección de 25 toneladas de basura diarias que se generan en Holbox sigue representando un serio problema para la alcaldía y un gasto de entre 12 y 15 millones de pesos anuales.
La caótica situación que enfrentan las autoridades es que el gobierno que les antecedió ocultó los recibos de pago comprobatorios de los prestadores de servicio, sin que puedan constatar a los contribuyentes cumplidos ni tampoco a los morosos.
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