- Lozano, quien desempeñó su cargo hasta el pasado 12 de noviembre, aseguró que para esa fecha no existía el supuesto equipo que decide sobre las denuncias, además de que en el reglamento no está establecido.
ROLANDO HERRERA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-Por instrucciones del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, 66 denuncias de hechos que estaban listas para ser presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) están detenidas, informó el exauditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano.
En entrevista, el ahora exfuncionario indicó que se detuvo la presentación de las denuncias, que involucran un monto de alrededor de mil 600 millones de pesos, para dar oportunidad a los entes fiscalizados a explicar las irregularidades, pese a que se trata de hechos injustificables.
“Hay 66 dictámenes técnicos que no se han materializado en denuncias de hechos porque el Auditor dio la instrucción que había que esperar para ver si se solventaba o no el asunto.
“Lo que siempre le comenté al Auditor es que son insolventables, para qué esperamos seis meses, son insolventables. ¿Cómo lo sé? Bueno, por el hecho en sí, por la irregularidad, hay cosas que ya no se pueden solventar”, señaló.
La ventana de oportunidad que se da a los entes auditados, explicó, es de seis meses, que es el periodo que marca la ley para dar por cerrada una auditoría a partir del momento en que se hace pública.
Sin embargo, dijo, al esperar ese tiempo, se pierde oportunidad y se dilata el proceso, pese a que desde que se realiza la auditoría se sabe qué tipo de irregularidades ya no podrán ser justificadas.
“(Por ejemplo) un recurso que se pudo haber entregado a alguien que se comprometió a hacer algo y no lo hizo, pues eso ya es insolventable y el recurso se lo gastó en otra cosa”, sostuvo.
Un dato que refuerza el argumento de que no es necesario esperar a que se cierre todo el ciclo de auditoría, señaló, es que en los poco más de tres años que estuvo al frente de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, presentó 138 denuncias por un monto de 19 mil millones de pesos, sin que a la fecha ninguna se haya solventado.
Lozano presentó su renuncia al no estar de acuerdo con los cambios al Reglamento Interior de la ASF que, entre otras cosas, otorga a la Auditoría Especial de Seguimiento la facultad exclusiva de elaborar dictámenes técnicos para preparar las denuncias, en detrimento de las otras auditorías especiales, que hasta antes de la modificación también podían hacerlos.
“Es un área que hoy concentra la facultad para decidir lo que se va a aclarar o no y sobre lo que se va a denunciar o no se va a denunciar. Es decir, al concentrar en una persona estas decisiones, pues tú puedes administrar las denuncias. No digo que se esté haciendo, pero puede ocurrir”, advirtió.
Luego de la renuncia de Lozano y que se diera a conocer una carta en la que advertía sobre los riesgos de delegar en una sola persona la facultad de decidir qué se denuncia, la ASF emitió un comunicado en el que sostuvo que esta responsabilidad no recae en un solo funcionario, sino en un equipo que involucra distintas áreas.
Lozano, quien desempeñó su cargo hasta el pasado 12 de noviembre, aseguró que para esa fecha no existía el supuesto equipo que decide sobre las denuncias, además de que en el reglamento no está establecido.
“Ya publicaste el reglamento, pero estás diciendo, para parchar, que hay un grupo. No sé cuándo se constituyó, seguramente el 16 (de noviembre) en la mañana. Sería muy interesante saber cuáles van a ser las reglas bajo las cuales este grupo de trabajo va a operar, cómo van a decidir ellos lo que se va a denunciar o no se va a denunciar, etcétera”, indicó.
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