NIDO DE VÍBORAS

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NIDO-NOTARIAS-P

POR KUKULKÁN

TENER una Notaría pública en Quintana Roo —el apetitoso mercado inmobiliario del sureste mexicano— fue durante mucho tiempo el sueño de políticos, empresarios y algunos periodistas locales para convertirse en nuevos ricos, y de tanto ambicionar una patente terminaron convirtiéndose en moneda de cambio económico o político, según conviniera al gobernador en turno, para premiar a algún colaborador, familiar o amigo.

LAS NOTARÍAS se expandieron durante los gobiernos priistas encabezados por Félix González Canto y Roberto Borge Angulo quien al concluir su mandato en 2016 dejó las 124 que actualmente siguen registradas oficialmente y cuya mayoría viene operando en medio de una competencia desigual porque cada gobernador en turno tenía sus notarios favoritos con los que enviaban a certificar toda la documentación oficial, provocando con ello la pauperización de la competencia o inclusive la guerra cuando los titulares estaban identificados como opositores políticos. 

EL EJEMPLO de la persecución política fue el atentado denunciado por el Notario Público Número 78, Jorge Parra Moguel, en octubre de 2015, como represalia porque su esposa la entonces diputada local por el PRI, Marybel Villegas Canché ignoró previas amenazas para que dejara de hacer campaña en busca de la candidatura para la presidencia municipal de Benito Juárez que estaría en disputa en 2016. La actual senadora ha denunciado por estos hechos de los que salió herido su marido al ex gobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso. Para Parra la prioridad ha sido la política antes que la fe pública.  

EL CASO es que las notarías valen hoy mucho menos que nada, a juzgar por los movimientos registrados en varias de ellas donde sus titulares prefirieron poner un suplente para salir a buscar chamba de políticos o funcionarios públicos porque “las notarías ya no son negocio sin la ayuda del poder del estado”. Algunos notarios inclusive terminaron regresando la patente porque la operación ya les estaba costando a sus bolsillos, como en su momento lo decidió el notario 37 de Cancún, Nain Díaz Medina, que en un acto de honestidad decidió devolver la patente al Gobierno y ahora sufre las consecuencias al resultar injustamente vinculado a la mafia rumana tan sólo por dar fe pública en la compra-venta de un inmueble.

OTROS con mayor suerte como el notario 62, Heyden Cebada Rivas, quien dejó un suplente para poderse desempeñar como síndico municipal en el pasado trienio municipal y ahora sorpresivamente apareció en la terna de aspirantes a magistrado numerario, sin contar con el perfil ni reunir los requisitos de ley, como lo han venido denunciando integrantes de la Barra y Colegio de Abogados de Quintana Roo. 

DESPUÉS de un análisis de los perfiles de cada uno de los aspirantes, las organizaciones de abogados llegaron a la conclusión de que ninguno de los aspirantes tiene experiencia en la aplicación de la justicia, “es decir se está dejando a los ciudadanos quintanarroenses a una aplicación de justicia deficiente”. 

POR LO MISMO solicitaron al Poder Legislativo que se encargará de analizar la terna y elegir de entre ellos al magistrado, que es menester que se tome en consideración lo que establece el artículo 101 de la Constitución, el cual refiere que los nombramientos de los magistrados “deberán recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

ESTÁ claro que la inclusión de Heyden Cebada en la lista obedece más a un acuerdo político de conveniencias e intereses entre el gobierno del estado y el equipo de la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, la contendiente favorita por la candidatura de Morena, que pretende llegar a la gubernatura con respaldo en el Poder Judicial, repartiendo magistraturas al viejo estilo de premiar el amiguismo y el compadrazgo que tanto critica el Gobierno de la 4T.

@Nido_DeViboras