NIDO DE VÍBORAS

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NIDO-DECRETAZO-P

POR KUKULKÁN

EN LA OFICINA de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, se han ido enterando a cuenta gotas que su antecesora Laura Fernández Piña, actual diputada federal por el Partido Verde, antes de su salida no sólo garantizó por contrato un negocio a 20 años para su esposo el empresario Carlo Alberto Moyano, sino que lo amarró mediante un “decretazo” administrativo avalado por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO), que encabeza Eduardo Ortiz Jasso.

SORPRENDIDO por la información, el equipo cercano de la alcaldesa se encontró con que no se trata simplemente de la instalación y mantenimiento de luminarias para el alumbrado público del municipio, sino de la construcción de dos grandes proyectos de infraestructura, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), un esquema de inversión de largo plazo cuyo objeto es la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado; o sea, la puerta abierta de par en par para que la empresa del señor Carlos Alberto Moyano pudiera entrar al negocio.

EL PRIMERO de los proyectos se denomina “Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos” y consiste en un centro de atención a los ciudadanos, oficinas administrativas para la prestación de servicios públicos. Y el segundo es el desarrollo de un “Sistema Integral de Eficiencia Energética y Mejoramiento de la Calidad del Alumbrado Público”, el cual daría cobertura a la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal, así como en las principales localidades del municipio de Puerto Morelos.

ESTA información es parte de las cláusulas del “Convenio de Coordinación de Acciones” para el desarrollo de los proyectos, firmado por la misma Laura Fernández Piña todavía en su calidad de presidenta municipal y el titular de la AGEPRO Eduardo Ortiz Jasso. La carga de la responsabilidad de este documento, tanto administrativa como financiera, recae en el ayuntamiento y quien deberá garantizar su cumplimiento es la nueva alcaldesa Blanca Merari que no tiene aún la película completa de las fechorías cometidas por su antecesora porque vaciaron los archivos oficiales y se han venido enterando por notificaciones de diferentes asuntos con diferentes instancias.

LA RELACIÓN de la AGEPRO en el convenio es pura y llanamente la de una instancia técnica que asistirá al Ayuntamiento en los diferentes procesos de construcción y operación de los Proyectos, y está expresamente establecido que “en caso que se determine la necesidad de contar con el aval o recursos públicos de carácter estatal, las partes observarán los procedimientos y aplicarán las disposiciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables para analizar los estudios o análisis efectuados en favor de los proyectos con la finalidad de cumplir con los requerimientos que prevé la Ley APP y su reglamento”.

EN CAMBIO, el municipio quedó obligado a cumplir con los siguientes puntos: “Llevar a cabo, por sí o mediante terceros todos los estudios análisis y documentación que se requieran para cada una de las etapas de los Proyectos. Efectuará el pago de los servicios de asesoría, estudios y análisis que se requieran para cada una de las etapas de los Proyectos. Solicitará a la Agencia la asistencia técnica para la conducción de los procesos que requiera la implementación de los Proyectos”.

EN MEDIO de la preocupante situación económica que enfrenta el municipio que la nueva alcaldesa Blanca Merari encontró con las arcas vacías y ha tenido problemas para pagar las primeras quincenas de su administración, aunque ya hay quien le aconseja echar abajo este convenio por imposibilidad de pagar los servicios que contempla el convenio a cuenta del erario público municipal. La población aún confía en que la edil no se prestará a avalar proyectos que beneficien al esposo de su antecesora Laura Fernández.

@Nido_DeViboras