- Por el caso de la “Estafa Maestra”, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción solicitó a la justicia federal una audiencia para imputar a tres indiciados.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Por el caso de la “Estafa Maestra”, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción solicitó a la justicia federal una audiencia para imputar a tres indiciados un sobreprecio de más de 130 millones de pesos en un contrato para integrar padrones de beneficiarios de programas de la Sedesol.
Los indiciados son José Antolino Orozco Martínez, ex director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol; Armando Silva Chairez, ex rector de Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); y Luis Octavio Solís Sánchez, titular del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Industrial de la institución.
La Fiscalía, a cargo de María de la Luz Mijangos, pidió la diligencia al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para imputarlos por el delito de uso indebido de atribuciones por contratación, que en principio no contempla la prisión preventiva justificada.
De acuerdo con informes judiciales, la audiencia se llevaría a cabo a mediados de noviembre, pero fue reprogramada hasta nuevo aviso a solicitud de los imputados, quienes manifestaron no haber tenido todas las constancias de la indagatoria.
Orozco está preso en el Reclusorio Norte desde el 25 de septiembre, procesado por un contrato diverso de 77.8 millones para encuestas de la Sedesol.
Este caso es uno de los primeros que presenta la Fiscalía ante los tribunales, por la “Estafa Maestra”; el otro, es un contrato de la Sedesol a la UAZ, pero de menor cuantía.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000730/2019, iniciada por una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los hechos derivan del convenio de coordinación del 25 de junio de 2015 firmado por la Sedesol y la UAZ por 170 millones 520 mil pesos.
Con este acuerdo, suscrito por los ahora imputados, la universidad se comprometió a prestar a la dependencia los servicios de “diagnóstico inicial para la integración de los padrones estatales de beneficiarios” de los programas de la Sedesol.
Una vez que recibió el total de los recursos, mediante cinco depósitos, el 5 de agosto de 2015 –40 días después del convenio con la Sedesol– la UAZ subcontrató los servicios con la empresa Custom Performance S.A. de C.V., por un total de 40 millones 228 mil 557 pesos.
Solís Sánchez adjudicó los servicios a través de dos procedimientos de invitación restringida, uno por 24 millones 100 mil 957 y otro, de 16 millones 127 mil 600 pesos.
Para la Fiscalía este contrato no sólo le proporcionó un beneficio millonario indebido a la UAZ, sino que también evidencia una mala administración y falta de verificación de la Sedesol en el cumplimiento del convenio, pues la UAZ no contaba con la suficiente capacidad técnica, material, financiera y humana para prestar los servicios.
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