Posterga Corte temas espinosos

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  • La Suprema Corte de Justicia cerrará hoy el año sin resolver, y ni siquiera agendar, la resolución de impugnaciones a las principales políticas.
BEATRIZ PATRICIA CHÁVEZ CRUZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia cerrará hoy el año sin resolver, y ni siquiera agendar, la resolución de impugnaciones a las principales políticas que impulsa el actual Gobierno federal, como la militarización de la seguridad pública o la extinción de fideicomisos.

El Pleno tiene agendados 114 asuntos para las sesiones que realizará entre el 6 de enero y el 12 de mayo de 2022, pero ninguno relacionado con las prioridades del actual Gobierno, entre ellos 14 litigios que iniciaron entre finales de 2018 y la primera mitad de 2021.

Distintas impugnaciones a leyes promovidas por el Gobierno federal no han sido revisadas por la Corte ni tampoco están enlistadas en la agenda de los ministros para el próximo año.

El 66 por ciento de lo que sí se agendó corresponde a acciones y controversias por temas estatales, mientras que 16 por ciento corresponde a 18 controversias de municipios de Chihuahua contra el Gobierno federal, por el conflicto de la Presa La Boquilla, además de 10 contradicciones de tesis e incidentes de inejecución de amparo.

Las únicas leyes federales que se enlistaron son la del Registro Nacional de Detenciones, expedida en 2019, y la nueva ley de la FGR.

A lo largo de 2021, el Pleno de la Corte votó 192 asuntos, de los que 65 por ciento corresponde a controversias o acciones sobre asuntos estatales, mientras que sólo 19 casos fueron de relevancia nacional, y de éstos, siete tuvieron qué ver con la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hubo dos reveses significativos: el fallo contra la prisión preventiva forzosa por delitos fiscales, y la anulación del regalazo impulsado por AMLO para ampliar el periodo de Arturo Zaldívar, aunque este ya había sido rechazado previamente por el propio Ministro Presidente.

Limitan decretazo

El Ministro Juan Luis González Alcántara prohibió reservar la información de las obras del Gobierno con base en el Acuerdo Presidencial del pasado 22 de noviembre conocido como “Decretazo”.

Pero no suspendió la aplicación de las órdenes presidenciales ahí contenidas, que reducen al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federales.

El acuerdo presidencial ordena a su gabinete agilizar contratación de obras incluso saltándose trámites y acelerando adjudicaciones directas.

González admitió a trámite la controversia promovida por el INAI que impugna el acuerdo presidencial. Un fallo final sobre esa controversia podría demorar hasta dos años.

Mientras, el Gobierno federal podrá promover obras con decisiones fast-track, aunque deberá transparentarlas.

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