Desbandada de gabinete en Puerto Morelos

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Desbandada de gabinete en Puerto Morelos
  • Una desbandada de renuncias cimbró al gabinete de la alcaldesa de Puerto Morelos por la negativa de los funcionarios salientes de autorizar pagos de los escandalosos contratos suscritos por la ex edil municipal Laura Fernández.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una desbandada de renuncias cimbró al gabinete de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, por la negativa de los funcionarios salientes de autorizar pagos de los escandalosos contratos suscritos por la ex presidenta municipal Laura Fernández, que hipotecaron casi la mitad del Fondo General de Participaciones por los siguientes 20 años.

La cascada de separaciones del gabinete la encabezó el Oficial Mayor, Hugo Federico Garza Sáenz, y el Tesorero Municipal, Vicente de Jesús Franco Reyes, éste último quien se opuso a dar trámite a las facturas por la concesión del alumbrado público y la construcción del nuevo Palacio Municipal.

Ambas obras fueron contratadas en la anterior administración municipal con un par de empresas que en conjunto representan para la comuna un compromiso por 648.8 millones de pesos pagaderos hasta 2041, de las cuales se presume tiene intereses Carlos Alberto Moyano, esposo de la ex alcaldesa.

La renuncia de Franco Reyes fue aprobada este mediodía por los nueve regidores que votaron a favor durante la Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de la comuna.

El cuerpo edilicio procedió a la aprobación del nombramiento de Ana Isabel Luna García como nueva Tesorera Municipal, quien hasta este día se desempeñaba como directora de Egresos, a la que también le fue tomada la protesta de Ley.

En el lugar que dejó vacante la funcionaria que subió como Tesorera fue ocupado por Lidice Monserrat Gutiérrez Briceño, cuyo nombramiento fue igualmente avalado en votación unánime del Cabildo, y a la que también le fue tomada la protesta de Ley.

Para autorizar la separación del Oficial Mayor no se requirió el aval de regidores debido a que el nombramiento lo realizó de manera directa la alcaldesa Tziu Muñoz, sin que en la reunión fuera mencionado su caso.

El ahora ex Tesorero Municipal Vicente de Jesús Franco se negó a autorizar el pago de la factura con Folio Fiscal 4aa62b9f-7521-4cc4-a611-1d86a412c9ff por un monto bruto de un millón 844 mil 400 pesos que le fue requerido por el apoderado legal la empresa OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., Jorge Rivera Yepiz.

El pretendido reclamo tiene que ver con la cuarta contraprestación mensual correspondiente del pasado noviembre por el contrato de Asociación Público Privada CMPM/CON/APP/002/2021, que se pactó un costo a valor de 384 millones de pesos, por un plazo de 20 años.

Con el acuerdo mercantil que se dejó de aval el 23 por ciento del Fondo General de Participaciones municipales se avaló la ejecución del “Proyecto para el desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y mejoramiento de la calidad del Servicio de Alumbrado Público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y en las principales localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas”.

El otro negocio privado que heredó la administración de Laura Fernández a este municipio fue el acuerdo mercantil número CMPM/CON/APP/001/2021 que bajo la misma modalidad de APP hipotecó otra cuarta de participaciones federales para construir un inmueble de 10 niveles donde se albergaría el nuevo Palacio Municipal y módulos de Servicios Públicos, en la confluencia de la Ruta de los Cenotes y la carretera Federal 307. Gabinete

La obra se pactó en 264.8 millones de pesos que también serían pagaderos mediante contraprestaciones de la comuna pero por 1.4 millones de pesos mensuales (sin el Impuesto al Valor Agregado).

La salida del ex tesorero Municipal obedeció a que ante las irregularidades administrativas de ambos contratos, de omitir garantizar el mejor costo-beneficio y al no ser dados de alta en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de darles trámite se incurriría en la responsabilidad de peculado.

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