Van por controversia ahora en San Lázaro

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Van por controversia ahora en San Lázaro
  • El llamado “decretazo” fue publicado el 22 de noviembre de 2021 y el próximo 19 de enero se vence el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la representación de 200 diputados, las bancadas del PAN, PRI y PRD solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que presente ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional las obras públicas federales.

El llamado “decretazo” fue publicado el 22 de noviembre de 2021 y el próximo 19 de enero se vence el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional.

El acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Los documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que el Gobierno habrá de obtener las autorizaciones definitivas.

Debido a la naturaleza del acuerdo, los coordinadores del PAN, Jorge Romero Herrera; del PRI, Rubén Moreira Valdez, y del PRD,  Luis Espinosa Cházaro, valoraron que lo procedente es la controversia más que la figura de la acción de inconstitucionalidad.

“Los coordinadores consideran que  ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional, y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal”, argumentan en el escrito presentado a Gutiérrez Luna.

“Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales”.

Advierten que el “decretazo” vulnera la disposición legal de que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgarán si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia.

En el Senado, la oposición hizo la misma petición a Olga Sánchez Cordero.

La presidenta de la Cámara alta se negó a promover la demanda, con el argumento de que era improcedente y no había agravio contra el Senado, por lo que fue duramente criticada.

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