Opera Congreso iniciativa para afectar bolsillos de turistas

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Opera Congreso iniciativa para afectar bolsillos de turistas Ley
  • Acusan al diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde, de operar una tercera reforma en la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez.
RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación Civil Observatorio Quintana Roo denunció que el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde, opera una tercera intentona para reformar la Ley de la Hacienda del Municipio de Benito Juárez en materia de “saneamiento ambiental” con el fin de pasar de un cobro por habitación a un cobro por número de quienes las habiten tanto de hoteles, posadas y casas de huéspedes.

Fue el 11 de enero del presente año cuando la Comisión Permanente dio lectura a una iniciativa con Proyecto de Decreto que presentó Ruiz De Chávez, iniciativa presentada, de manera personal, pasando por alto al Cabildo del Municipio de Benito Juárez, recurriendo al mismo procedimiento que se dio cuando se integró este concepto de Derecho Ambiental en la Ley de Hacienda del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2019.

Los argumentos para incorporar la propuesta fueron, en ese momento, “el Derecho de Saneamiento Ambiental, siendo una contribución que tiene como sujetos obligados a todos los turistas que se hospeden en hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles, ubicados dentro del municipio de Benito Juárez, teniendo como base una cuota fija, en razón al monto a pagar, siendo el equivalente al 30% de la Unidad de Medida de Actualización, por noche de habitación ocupada y siendo el objeto de esta contribución la mejora del saneamiento de residuos sólidos urbanos”.

Sin embargo, Observatorio Quintana Roo sostiene que los visitantes, ya tienen una carga fiscal por estar en el lugar, mediante el pago —entre otros más— de un Impuesto al Hospedaje por lo que sugiere revisar si los centros de hospedaje deben ser los retenedores de este derecho como intermediarios. 

Ahora, en esta tercera intentona, el diputado José de la Peña en su exposición de motivos señala —nuevamente como la inicial—, que el propósito de estas modificaciones son por actividades económicas tales como el comercio y el turismo, “que generan cada día cantidades importantes de residuos sólidos que deben ser atendidas de manera pronta, para así evitar un impacto mayor al ambiente, la recolección de dichos residuos representa un importante compromiso, toda vez que es responsabilidad del Municipio procurar una buena imagen teniendo espacios libres de basura, así como espacios libres de focos de infección.”

Por ello, indica la iniciativa, “la recaudación del derecho de saneamiento ambiental requiere adecuaciones que garanticen que las contribuciones ambientales puedan resarcir el impacto en el equilibrio ecológico y el medio ambiente, siendo que la fuente de las actividades turísticas son los recursos naturales con los que cuenta el Municipio, es por ello que es prioritario obtener los recursos económicos suficientes que permitan mantener un balance entre las actividades económicas y el saneamiento al ambiente que garanticen la salvaguarda del equilibrio ecológico.” 

Sin embargo, Observatorio Quintana Roo asevera que en su iniciativa el diputado no especifica qué daños ambientales se van a prevenir o recuperar. Igualmente señala de manera general que los turistas vienen a disfrutar de los “recursos naturales” con los que cuenta el Municipio sin señalar cuales son esos recursos ni menciona que el propósito de los visitantes es disfrutar también de la infraestructura creada por los hoteles para tal fin.

Más aún, la asociación civil refiere que la Iniciativa aprobada por el Cabildo para la modificación de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez para el 2022 ya están consideradas diferentes contribuciones que están orientadas a los temas ambientales como se estableció en lo enviado al Congreso. En junio del 2020 el Observatorio advirtió la manera irregular en que en una sesión virtual se hicieron modificaciones a la forma de uso de los ingresos provenientes de esta contribución, estableciendo unas “reglas de operación” que están en contra de las normas contables de la administración pública y que le dan una discrecionalidad al Comité para el uso de estos recursos, alejándose además de los objetivos originales aprobados por el congreso para aplicar este Derecho.

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