- La diputada local panista Kira Iris se amparó y ganó contra la Ley Anti-Outsourcing que propuso el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- En calidad de representante legal de una empresa privada, la diputada local panista Kira Iris se amparó y ganó contra la Ley Anti-Outsourcing que propuso el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González con el propósito de combatir el intermediarismo laboral desventajoso para la clase trabajadora.
La legislación que promueve el empleo formal mediante el combate a la intervención de un tercero prestador de servicios de personal, fue aprobada (16 diciembre 2020) con el voto favorable de 20 integrantes de la actual XVI Legislatura, incluidos los diputados del Partido Acción Nacional, a cuya fracción parlamentaria pertenece la legisladora litigante que impugnó judicialmente el ordenamiento.
Pero también esa misma Ley tuvo el voto favorable de la actual alcaldesa de Solidaridad, Roxana Lili Campos, quien en su calidad de diputada local fue reemplazada precisamente por su suplente Kira Iris, el 23 de febrero pasado.
Ante el Juzgado Octavo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, bajo el expediente número 27599873, Iris San reclamó judicialmente la inconstitucionalidad de nueve artículos de la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), que entró en vigor el año pasado al ser promulgada mediante el Decreto 73 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 21 de diciembre del año antepasado.
El juicio de garantías fue interpuesto por Iris San cinco días antes de que tomara posesión de la curul que dejó Campos Miranda para competir por la presidencia municipal de Solidaridad.
En la demanda de amparo, Kira Iris se acreditó como apoderada legal de la empresa ‘Mantatilla Diving Club y Pesca, S.A. de C.V.’ el 17 de febrero del año pasado, aún no fungía como diputada, pero no se excusó para seguir litigando el asunto.
La moral representada jurídicamente por la actual legisladora, es una sociedad mexicana con inversión extranjera proveniente de Italia, que realiza operaciones mercantiles con oficinas cuya matriz está establecida en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Ante la justicia federal, la diputada denunció la inconstitucionalidad de la discusión y aprobación del ordenamiento presentado por el Ejecutivo el 20 de noviembre de 2020, especialmente los argumentos utilizados en la presentación de la iniciativa y la exposición de motivos.
La actual diputada justificó su interés legal en el caso al presentar la licencia de funcionamiento 07012479 de la oficina matriz, la declaración mensual de pago del impuesto sobre nóminas con folio 4103608721 y la declaración del impuesto adicional para el fomento al empleo con referencia 4107036659789669.
La argumentación jurídica fue que la citada legislación y su aplicación transgredió el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, al imponer un doble pago sin que exista una justificación del cobro y del gasto al que se destina el citado impuesto.
La forma elegida por el legislador para diseñar el cobro no refleja la capacidad contributiva del causante, lo que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, justificó.
La imposición del impuesto, insistió, no grava la capacidad de cada contribuyente, lo que transgrede el principio de proporcionalidad.
Igualmente, consideró, que las autoridades no tomaron en consideración la emergencia sanitaria del virus SARS-COV 2, sobre todo cuando los contribuyentes tienen disminuida su capacidad de cumplir con sus obligaciones fiscales.
La Ley Anti-Outsourcing impuso que el pago del impuesto adicional se hará en la declaración mensual definitiva correspondiente al pago del impuesto sobre nóminas, pero que se concederá un subsidio de 100 por ciento cuando se pague sin la intervención de un tercero prestador de servicios de contratación de personal.
La resolución definitiva dictada por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en funciones de juez, Mauricio De Lira Álvarez, le dio la razón jurídica a la diputada local panista al ordenar le fuera condonado el pago y se le devolviera la suma que pagó la moral correspondiente a enero de 2021.
El caso se mantiene en disputa mediante un recurso de revisión que contra la sentencia (14 octubre 2021) encabeza el director de Análisis Jurídico Legislativo del Congreso estatal.
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