- Una decena de víctimas oficialmente reconocidas por la violenta represión del 9 de noviembre de 2020 (9N) en Cancún, solicitó a la Secretaría de Gobernación protección definitiva.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Una decena de víctimas oficialmente reconocidas por la violenta represión del 9 de noviembre de 2020 (9N) en Cancún, solicitó a la Secretaría de Gobernación protección definitiva, al asegurar que están en riesgo y con temor de sufrir ataques a su vida, seguridad o libertad personal.
Mediante amparos activos que mantienen ante la justicia federal, las afectadas demandan medidas cautelares que judicialmente ordenen su incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo la modalidad extraordinaria.
En la más reciente lucha legal que han emprendido demandan medidas cautelares contra la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCRR), a cuya instancia acusaron de incurrir en una supuesta omisión de otorgar un Plan de Protección específico que evalúe las necesidades que enfrentan las víctimas.
Las afectadas dijeron a Luces del Siglo que a más de un año de la represión del 9N todavía están en riesgo, “lo estamos todo el tiempo con los infiltrados que llegan a nuestra concentración mensual”, según testimonios recabados.
Las víctimas identificadas como Alice, Ana, Anette, Karen, Naomi, María, Sergio, Gloria Wendy y Julián (este último reconocido como representante común), fueron golpeadas, detenidas y dos de ellas baleadas en la disolución policiaca en el momento que exigían el esclarecimiento de la desaparición de la joven Bianca “Alexis” Alejandrina Lorenzana Alvarado, durante una manifestación en la explanada municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, el 9 de noviembre de 2020.
La pelea jurídica que encabezan inició el 9 de noviembre pasado, mediante el juicio de amparo 29011911 radicado del Juzgado Séptimo de Distrito, en el cual denunciaron la “omisión de atender solicitud de incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos”, bajo la modalidad extraordinaria.
Como parte del análisis legal les fue negada la suspensión de plano (10 de noviembre 2021), la suspensión provisional (19 noviembre) y la suspensión definitiva al declararse el caso sin materia (30 diciembre).
Las quejosas acusaron que en el desarrollo del juicio, la dependencia que señalan de presunta omisión las inscribió apresuradamente pero en la modalidad ordinaria (8 diciembre).
En el informe rendido al juzgado federal se anotó que la medida fue “con la finalidad de que se garantice su protección y auxilio en el supuesto de encontrarse en alguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida”, lo cual se notificó a los gobiernos estatal y municipal mediante los oficios URC/1207/2021 y URC/1216/2021 el 9 y 10 de diciembre pasado, respectivamente. “Pero justo ese es el problema, son nuestros agresores”.
La resolución dejó inconformes a las quejosas debido a que la URCRR omitió otorgar medidas definitivas, sin convocarlas para escuchar sus temores de que “seguimos en riesgo”.
Siguieron otros dos nuevos juicios de amparo en los que se reclamó la resolución judicial dictada que les otorgó la protección, pero en la categoría de ordinaria.
Mediante el amparo 29402787 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito (desde el pasado 20 de enero), se acusó la “falta de atención al otorgamiento de medidas de protección y prevención, puesta en peligro de la vida, integridad, seguridad y otros”.
Un primer fallo protector del órgano jurisdiccional concedió la suspensión de plano para que se dictaran medidas efectivas y se garantizara la integridad física de los quejosos, además se les dejara en libertad ante una probable detención.
Lo anterior, siempre y cuando la eventual orden que pudiera ejecutarse por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, fuera ajena a la comisión de un delito, según el fallo del 22 de enero pasado.
Casi simultáneo, en otro juicio de garantías con número 29431669 radicado en
el Juzgado Séptimo de Distrito (interpuesto el 27 de enero pasado), los quejosos insistieron en la “falta de remisión de solicitud de otorgamiento de medidas de protección de la Unidad de Evaluación de Riesgos”.
Con este segundo juicio, las víctimas pretenden modificar la omisión de inscripción de tipo extraordinaria para que se les concedan medidas de protección urgente, como lo establece el artículo 26 de la Ley del Mecanismo, que dicta un plazo no mayor a 3 horas contadas desde el ingreso de la solicitud.
En la lucha jurídica por la represión del 9N obtuvieron, las afectadas interpusieron hace tiempo un amparo cuya sentencia ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) a elaborar un segundo dictamen de reparación del daño económico. Lo anterior, debido a que las víctimas quedaron también inconformes con el primero que les otorgó pagos individuales de poco más de 100 mil pesos, pero que se descontaron apoyos municipales y pagos directos que se hicieron a médicos y psicológicos, que les dejó depósitos líquidos menores a ocho mil pesos.
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