- La defensa de Anaya compareció en la audiencia inicial y manifestó al juez que no había tenido contacto con el panista, del que tampoco sabían dónde estaba y desconocían la razón de su inasistencia.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante su inasistencia ayer a una audiencia de imputación, un juez federal declaró improcedente concederle a Ricardo Anaya un plazo para justificar su ausencia y dejó abierta a la Fiscalía General de la República (FGR) la posibilidad de pedir una orden de aprehensión en su contra.
“Hay otras figuras que podrían solicitar las partes (para hacerlo comparecer). Yo estoy resolviendo con lo que se solicita y el juez de control actúa conforme a lo que le piden las partes”, dijo Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
“Si se requiere una forma distinta para conducirlo a proceso, tiene que ser solicitada”.
La defensa de Anaya, integrada por Eduardo Aguilar Sierra y Arturo Germán Rangel, compareció en la audiencia inicial y manifestó al juez que no había tenido contacto con el panista, del que tampoco sabían dónde estaba y desconocían la razón de su inasistencia.
Por ello, los abogados solicitaron al juzgador un plazo para justificar su ausencia, pero Fuerte Tapia declaró improcedente la petición y dijo que la FGR está en posibilidad de buscar otro mecanismo para hacerlo comparecer, lo cuales pueden un nuevo citatorio o el pedido de una orden de aprehensión.
Fuerte Tapia, en cierta medida, negó darle al panista la posibilidad de justificar su ausencia, con base en informaciones que ventilaron los fiscales federales Kristian Jiménez Hernández y Manuel Granados Quiroz.
Ambos indicaron que, conforme a oficios del Instituto Nacional de Migración, el excandidato presidencial salió del país en julio pasado y que desde el 4 de octubre no ha vuelto a territorio nacional.
También expusieron que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) —órgano de inteligencia de la FGR— informó que hasta las 07:00 horas de ayer lunes el imputado no había ingresado al país.
Ambos fiscales también reprocharon que, desde agosto, Anaya fuera citado en cinco ocasiones y no se celebrara ninguna de las audiencias, y que desde octubre se le requirió presentarse por vía remota desde la Ciudad de México o asistir en forma presencial al centro de justicia, sin cumplir con ninguna de las condiciones.
“Ha quedado demostrada su reticencia, se le ha requerido conectarse por videoconferencia en territorio nacional y no lo ha hecho, él ha tenido una actitud desafiante y sus instrucciones han sido desobedecidas”, le dijo el fiscal Manuel Granados Quiroz al juez.
La FGR ya no pidió en la audiencia de ayer una nueva fecha de audiencia de imputación. En caso de que requiera la orden de aprehensión, tendrá que hacerlo en una audiencia privada.
La Fiscalía pretendía imputar a Anaya por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, con base en una carpeta de investigación que tiene como origen la denuncia en la que Emilio Lozoya afirma haber sobornado a legisladores de la oposición para que aprobaran la reforma energética de 2013.
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