Engañó Laura al Congreso

1079
Engañó Laura al Congreso
  • Laura Fernández omitió entregar contratos ‘leoninos’ para proyectos en Puerto Morelos, como la construcción del nuevo Palacio Municipal.
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, engañó al Congreso de Quintana Roo y a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (AGEPRO) al incumplir la entrega de los contratos con los que concesionó el alumbrado público y la construcción del nuevo Palacio Municipal.

La omisión legal de la actual candidata al gobierno estatal por la Coalición “Va por Quintana Roo” (PRD-PAN- Confianza), consistió en que pasó por alto lo estipulado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo.

El ordenamiento establece en el último párrafo de la fracción Séptima del Artículo 25, que el contrato de Asociación Pública-Privada (APP), una vez firmado por las partes será remitido por la Agencia (AGEPRO) a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado para su ratificación.

La disposición dicta con claridad que lo anteriormente dispuesto será aplicado para los proyectos cuando el plazo de vigencia exceda el ejercicio constitucional del titular del Ejecutivo estatal, en cuyo periodo se hubiera otorgado la autorización legislativa, como ocurrió con los documentos CMPM/CON/APP/002/2021 y CMPM/CON/APP/001/2021 que se pactaron a 20 años.

En un Punto de Acuerdo promovido por el diputado local de Morena, Luis Fernando Chávez Zepeda (el pasado 13 de diciembre), se comprueba la falta de cumplimiento legal de la entonces alcaldesa.

Existe la sospecha de que la omisión fue deliberada debido a que el Congreso del estado autorizó los dos proyectos, pero bajo la condición de que el costo no fuera mayor de 105 millones de pesos en total (45 millones uno y 60 millones otro), cifras que, si bien se establecieron expresamente en cada contrato, a la hora del prorrateo de los pagos por los servicios se estableció una tarifa mensual que a 20 años arroja una suma de 648.8 millones de pesos.   

La omisión jurídica de la ahora ex alcaldesa fue comprobada por el legislador cuando solicitó al presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, José de la Peña, le remitiera la información “acerca del estado que guardan los contratos correspondientes”, el 27 de octubre del año pasado.

Y la respuesta del verde ecologista, mediante el oficio CHPC/10/47/2021, fue que “me permito señalar que a la fecha no se tiene los expedientes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, solicitud o comunicado por parte del promovente sobre los contratos antes referidos, lo anterior en términos del artículo 25, último párrafo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Quintana Roo”.

Al seguir el rastro del incumplimiento legal en que incurrió Fernández Piña, el diputado solicitó la misma información al entonces director general de la AGEPRO, Eduardo Ortiz Jasso.

La respuesta institucional se dio a través del oficio AGEPRO/DDG/0753/XI/2021 en el sentido de que le fueron entregaron los estudios de prefactibilidad de ambos proyectos, en cuya revisión participó la institución durante ocho meses.

Pero, aclaró, que “a la fecha la Agencia se encuentra en espera de la información que le ha sido requerida al Municipio de dichos proyectos para que en su caso sea publicada en la página institucional de la Agencia”.

En el Punto de Acuerdo legislativo, Chávez Zepeda concluyó que “es clara la omisión legal del Ayuntamiento de Puerto Morelos”, respecto al cumplimiento de lo estipulado en la Ley, debido a que los integrantes de la XVI Legislatura autorizaron adquirir tales obligaciones para realizar ambos proyectos.

Contratos ‘leoninos’

Los contratos con los cuales la ex alcaldesa hipotecó los recursos del Fondo General de Participaciones asignados al Municipio por los siguientes 20 años, fueron firmados unos días antes de que dejara el cargo y asumiera formalmente como diputada federal.

Para la modernización del alumbrado público se suscribió el contrato CMPM/CON/APP/002/2021 y para la construcción del nuevo Palacio Municipal y oficinas administrativas el CMPM/CON/APP/001/2021, cuya autorización le fue otorgada para ambos por el Congreso del Estado de Quintana Roo mediante su publicación en los decretos 103 y 194 del 16 de marzo del año pasado.

En el primer documento mercantil se fijó un tope de 45 millones de pesos (mdp), pero se pactaron 384 mdp a valor presente con la moral OFN Quintana Roo, pagaderos mediante contraprestaciones mensuales de 1.59 mdp, cuya fuente de pago serían los ingresos propios y por libre disposición, y como garantía el 25 por ciento de las asignaciones municipales provenientes de las participaciones federales.

Para la construcción y operación del nuevo Palacio Municipal y oficinas administrativas, los legisladores locales autorizaron un monto máximo de 60 mdp pero se contrató en 264.8 mdp a valor presente con la empresa Inocaribe, S.A. de C.V., que serían pagados mensualmente a razón de 1.4 mdp mensuales (sin el Impuesto al Valor Agregado) y en garantía quedaron otro 23 por ciento de las participaciones federales asignadas al Ayuntamiento portomorelense.

Disputa jurídica

Las empresas beneficiadas han recurrido a la justicia federal para tratar de obtener medidas cautelares que reviertan la falta de pago del actual gobierno municipal y de un supuesto inicio de procedimiento administrativo para revocar los acuerdos por parte de la alcaldesa Blanca Merari Tziu.

Ante el Juzgado Octavo de Distrito bajo el caso 29200201, la empresa Inocaribe reclamó la falta de cumplimiento del acuerdo de APP para el nuevo Palacio Municipal, suscrito el 23 de agosto de 2021. El caso fue desechado por improcedente, pero se mantiene activo mediante un recurso de queja.

En el Juzgado Séptimo de Distrito bajo el amparo 28944420, la empresa OFN Quintana Roo solicitó medidas cautelares ante la falta de pago de las primeras contraprestaciones mensuales por la modernización del alumbrado público, además que reclamó una presunta revocación de la concesión que se habría dado por “órdenes verbales”, el 27 de octubre de 2020. La solicitud fue sobreseída al decretarse actos inexistentes, el pasado 18 de enero.

Te puede interesar: Ligado con AMLO dueño de Vidanta