- Durante 2020, Liconsa, empresa paraestatal de leche y productos lácteos, registró irregularidades por mil 583.9 millones de pesos.
ROLANDO HERRERA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2020, Liconsa, empresa paraestatal dedicada a la comercialización de leche y productos lácteos, registró irregularidades por mil 583.9 millones de pesos que ahora son reclamados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento Forense 330-DE, que forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020, la compañía no pudo acreditar que recibió distintos bienes y servicios relacionado con leche fresca, productos lácteos y transporte, así como anticipos pagados a proveedores y la obtención de rendimiento financieros.
Por ejemplo, expuso la ASF, Liconsa pagó a 10 personas físicas y morales 620.5 millones de pesos para el transporte de productos lácteos, sin embargo, no cuenta con la documentación que demuestre que, efectivamente, se prestaron los servicios contratados.
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“(También) Liconsa, S.A. de C.V., realizó pagos por 518 millones 422.9 mil pesos sin contar con la documentación que acredite la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma, objeto de los contratos celebrados con Articuladores de Factores Económicos, S.A. de C.V.; 5 MPS Management, S.A. de C.V.; Comarket, S.A. de C.V.; Grupo AS2, S.A. de C.V.; e ILAS México, S.A. de C.V.”, añadió la Auditoría.
Lo mismo ocurrió con pagos por 293.5 millones de pesos para lo producción de productos y derivados lácteos, en los que la compañía no exhibió la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de los servicios convenidos con Grupo Vicente Suárez 73, S.A. de C.V.; Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. de C.V.; Pasteurizadora MAULEC, S.A.P.I. de C.V.; Comercializadora de Productos Lácteos, S.A. de C.V.; y Agua Embotellada Monterrey, S.A. de C.V.
Además, la ASF detectó que, en 2020, la paraestatal invirtió 850 millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados, contraviniendo la normatividad que establece que las entidades paraestatales sólo pueden invertir en papeles gubernamentales.
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