Implican a Pech Jr. en ‘Estafa Maestra’

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Implican a Pech Jr. en Estafa Maestra
  • De 20 millones pagados por la Sedatu a la UPQR, 6.8 millones fueron para subcontratar a una empresa en la que Pech Galera era apoderado.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La FGR pidió a un juez federal una audiencia para acusar al hijo del senador José Luis Pech Várguez, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, por una contratación ilegal que facilitó un desvío de 20 millones de pesos, en el caso de la Estafa Maestra.

El expediente acusa a José Luis Pech Galera, ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), y José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu.

De acuerdo con la investigación, de los 20 millones pagados por la Sedatu a la UPQR, se usaron 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.

Con ese dinero, la compañía representada por el entonces rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.

Los ex funcionarios serán imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, el cual no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.

Los hechos que les imputan están relacionados con un convenio del 29 de septiembre de 2015 para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.

En total la UPQR recibió 77 millones de pesos, pero la Auditoría Superior de la Federación detectó que Pech manifestó falsamente tener la capacidad técnica y humana para atender el contrato. 

La realidad fue que subcontrató el 100 por ciento de los servicios con 8 empresas, una ilegalidad aparente si se considera que la Ley de Adquisiciones sólo permite subcontratar el 49 por ciento del total.

Además 5 de las 8 empresas eran “factureras”, pues no fueron localizadas en los domicilios y las empresas pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas.

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