Violan derechos a Borge en juicio

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Violan derechos a Borge en juicio
  • El inicio de uno de los juicios orales que enfrenta Borge Angulo, tendrá que repetirse al violentarse sus derechos humanos.
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- La etapa de inicio de uno de los juicios orales que enfrenta el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, tendrá que repetirse al violentarse sus derechos humanos.

Al analizarse los cargos por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, un juez federal ordenó dejar sin validez el momento en que comenzó el enjuiciamiento del cozumeleño, el 4 de marzo de 2021.

Una sentencia de amparo favorable al ex mandatario ordenó reponer el procedimiento de inicio para que un Juez de Control asegure que en los cargos de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se omita ningún detalle o circunstancia, del modo, tiempo y lugar que sustentan jurídicamente el proceso penal.

La garantía de legalidad de fundamentación y motivación ordenada por el juez federal tiene como propósito que el juzgador conozca el “para qué” de la conducta que denunció la autoridad, que se traduce en que el acusado pueda conocer en detalle y de manera completa todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, para que a su vez pueda cuestionarlos mediante una defensa real y auténtica.

De acuerdo a una sentencia definitiva del amparo 27804706 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, a Borge Angulo se le violentaron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Las medidas cautelares otorgadas ordenan también que, de no solventar procesalmente la omisión, el juez de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal la justifique “para perfeccionar y sentar las bases del juicio oral”.

La relevancia del fallo tiene que ver con la etapa de apertura que es la base donde técnicamente inicia el juicio oral para proceder posteriormente con el enjuiciamiento, en la que acusador y acusado puedan presentar diversas pruebas.

El artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicta que el juzgador deberá cumplir con nueve condiciones esenciales para iniciar el proceso, como las acusaciones, los hechos que las sustentan, los medios de prueba, los acuerdos entre las partes, las medidas de resguardo de identidad, las personas que deberán ser citadas y las medidas cautelares impuestas al acusado.

Los cargos que enfrenta en este juicio el ex mandatario quintanarroense integran la carpeta administrativa 151/2017, la cual tiene que ver con una asamblea en la que supuestamente ordenó al suplente del Presidente de la Asamblea de Acciones y suplente del Consejo de Administración de VIP SAESA, Carlos Acosta, y el entonces  director de Comunicaciones y Transportes de Infraestructura y de Transporte del estado, Javier Zetina, para que en su representación participaran y aprobaran la orden del día, el 6 de diciembre de 2013.

El ex mandatario ordenó a sus subalternos aprobar el documento que serviría para celebrar un contrato de prestación de servicios de transporte aéreo nacional o internacional de un helicóptero marca Augusta como taxi aéreo, el 1 de enero de 2014.

Del ilegal acuerdo, la paraestatal obtuvo un beneficio económico, ya que la moral ganadora no tuvo que participar en ningún concurso de licitación a pesar que lo establecía la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

De manera automática, prosigue la acusación, se vio beneficiada con esa contratación, ocasionando con ello, un detrimento patrimonial en agravio del estado por dos millones 220 mil 816 dólares americanos, que fueron pagados con recursos públicos administrados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Para el juez federal, si bien se explica el hecho motivo de la acusación de ninguna forma se justificó el modo, lugar y circunstancias en que acontecieron los hechos, sin que el Juez de Control hubiera hecho algún pronunciamiento en la emisión del auto de apertura de juicio oral.

“Lo cual, evidencia que el contenido de la acusación no se ajustó a la prevención de la fracción II, del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar”.

Para el secretario en funciones de juez federal César Octavio Meza Ojeda, el análisis del caso “permite concluir a este juzgador que al haber omitido el Juez de Control precisar en el auto de apertura a juicio oral las aclaraciones respecto del lugar, modo y circunstancias en que sucedieron los hechos por los que la fiscalía formuló acusación, conculcó (infringió) al quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, pues si bien como lo sostiene, en la acusación de la fiscalía no se refieren tales aspectos, ello no lo exime de exponer las razones de su actuar, ya que es un imperativo legal hacerlo”.

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